Carlos Caicedo, el mandatario que abandonó el país tras recibir amenazas de muerte a finales del mes de agosto, presentó su caso a la Comisión Europea, y pidió apoyo en la demanda de garantías para poder retornar, según dijo este miércoles, a RCN Radio.
Caicedo se reunió en Bruselas con Leonor Vieira, responsable adjunta para América Latina en el servicio diplomático de la Comisión Europea, y Konstantin von Mentzinger, el responsable para Colombia. En dicha reunión les expuso sus preocupaciones y las pruebas que tiene donde se comprueba las amenazas y los riesgos que corría si continuaba en territorio colombiano.
En el espacio, el gobernador señaló, respecto a volver al país, que es “lo que me corresponde, porque fui elegido para un mandato”, pero añadió que retornar sin que haya garantías de seguridad “nos pone en un alto nivel de riesgo”.
Por ello, pidió a los representantes de la comisión ayuda para que el gobierno adopte “garantías de seguridad plena” y también “que envíe un mensaje contundente a las estructuras criminales” que hoy por hoy han ido creciendo y, de esta forma, creando escenarios peligrosos para los lideres sociales y políticos del país.
Si embargo, dejo claro que, en caso de que no se puedan garantizar las medidas que necesita, no descarta la idea de renunciar y permanecer fuera del país, aunque aseguró que esto solo cumpliría el deseo de las personas que lo amenazaron. Por ahora el Gobernador continuará su recorrido por el viejo continente, para hablar sobre la situación actual y las problemáticas que tiene que enfrentar el país en marco de violencia y seguridad.
Caicedo, de 55 años, anunció en Twitter, el 26 de agosto, que había salido del país a raíz de informaciones sobre “un plan inminente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia para atentar contra mi vida”.
Teniendo en cuenta esta información, el político del Movimiento Fuerza Ciudadana abandonó el país el pasado 19 de agosto y comenzó a gestionar procesos judiciales para poder atender el caso.
Versiones preliminares indican que una fuente confiable, cuya identidad no ha sido revelada por seguridad, alertó a allegados de Caicedo acerca de la información antes de finalizar la segunda semana de agosto. Posteriormente, el 17 de agosto, después de recopilar más datos, se dio un encuentro entre esta persona, las autoridades judiciales y el gobernador, y allí se determinó que lo mejor era que el político saliera del país.
Mientras esto se ejecutaba, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, junto al secretario del Interior del Magdalena, Adolfo Bula, se encargaron de instaurar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Una vez iniciado el trámite judicial, los funcionarios se reunieron con el director de la Policía Nacional y del de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para establecer protocolos de seguridad para la familia del gobernador.
Así mismo la situación se puso en conocimiento de dos representantes de las Naciones Unidas (ONU) en el país: el responsable de la Oficina para los Derechos Humanos y el de la Misión de Verificación para el Acuerdo de Paz.
Adicionalmente, una comisión de activistas y políticos del departamento viajó a Washington (Estados Unidos) para exponer el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El grupo, encabezado por Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta y amigo de Caicedo, pretende que el órgano internacional dicte medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad del gobernador.
Hay que recordar que esta sería la segunda oportunidad en la que Caicedo es amenazado por un grupo criminal. El año pasado la organización delictiva Los Pachenca también ordenó asesinar al mandatario.
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