De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, hasta la fecha, en lo que va del 2021, se han registrado 109 asesinatos de lideres sociales en Colombia. Dicha cifra ha puesto en altera a las comunidades donde hay presencia de grupos armados y de personas que lideran procesos sociales, pues, en Colombia, ser líder social se ha convertido en un signo de alarma.
Debido a esto, muchos de los lideres han acudido al Estado que, en respuesta, les han bridado seguridad privada mediante la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin embargo, han tenido inconvenientes. En el Magdalena, Marly Moreno, una líder de restitución de tierras, que ha perdido a cinco hermanos en una disputa por líos de tierras en la población Rincón Guapo Loverán, zona de Puebloviejo, denuncia que dos escoltas asignados por la UNP, presuntamente, la abandonaron sin avisar o dar explicación. Ahora ella teme por su vida.
“Llevamos 25 años en un proceso de titulación colectiva, que actualmente se encuentra en la Agencia Nacional de Tierra y, realmente, el Estado colombiano no nos ha asegurado el derecho a la tierra. A mi me han asesinado 5 hermanos y tengo una hermana desaparecida. En cuanto a mi comunidad, han asesinado, en 20 años, a 40 lideres, y se han dado 10 desplazamientos forzados, perdiendo, de esta forma, el 80% de nuestro territorio. Sin embargo, nuestra apuesta sigue siendo la vida y el territorio (...) como comunidad negra y campesina lo que mejor hacemos es labrar la tierra”, comentó en entrevista con Caracol Radio con profunda preocupación.
Pese al panorama de violencia, que es desolador, debido a que en el último año se volvió a incrementar la presencia de bandas criminales y grupos armados, la comunidad de Rincón Guapo continúa su lucha por el derecho a la tierra y, sobre todo, por mantener sus derechos como comunidad étnica. Marly comentó, además, que ella es una de las lideres del proceso, y asegura que es muy complejo el panorama en términos de seguridad, por lo que responsabiliza a la unidad de cualquier atentado del que pueda ser víctima. Además, le pide al Estado colombiano que le garantice las condiciones de seguridad a ella y a los suyos.
“Yo me encontraba en una jornada de formulación de medidas de reparación colectiva con la Unidad Nacional de Víctimas porque mi comunidad ha sido reconocida como sujeto de reparación colectiva por todos los hechos victimizantes. Entonces, estaba en el evento; y la UNP autorizó a mis escoltas de estar todo el tiempo conmigo mientras me desplazaba por el territorio, que es mi lugar de alto riesgo (...) de un momento a otro, los hombres de protección me manifestaron que no podían continuar con el acompañamiento, y por tanto no podían seguir en la jornada porque solo les había autorizado dos días de viáticos, a mi me sorprendió esa actitud. Yo me acerqué a la Estación de Policía de la zona, y se levantó un registro de novedades (...) luego, me mandan dos uniformados, pero en la tarde, me dejaron sola y me sentí abandonada y pensé “parece que me fueran a asesinar”, así que me toco devolverme a mi comunidad”, comentó la mujer.
Agregó que esto solo evidencia fallas en la Unidad, ya que aseguró que la UNP debe ajustarse a los requerimiento y condiciones de los líderes en sus territorios “la vida de un líder no puede depender de si le pueden o no pagar el transporte o viáticos a los funcionario de seguridad”.
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