Gobierno dejó plantados a campesinos que iban a denunciar violaciones de derechos humanos en Nariño

Este 29 de agosto, un nutrido grupo de campesinos de 120 veredas de las riberas del río Patía, zona rural de los municipios de Cumbitara, Magüí Payán y Policarpa volvieron a quedare esperando a los integrantes del Misión de Verificación del Gobierno de Iván Duque.

La misión de esta reunión era que las personas contaran los testimonios y denuncias sobre violaciones de derechos humanos, masacres, desapariciones, desplazamiento y terror que han vivido muchos de estos habitantes en el bajo Patía, Nariño.

Al lugar llegaron los campesinos de orillas del río Patía esperando que por fin el Gobierno los escuchara, pero luego de esperar dos días, nadie del ejecutivo -dirigido en su mayoría por miembros del Centro Democrático- se hizo presente y las personas tuvieron que volver a sus hogares a más de seis hora río abajo.

En Blu Radio, uno de los habitantes se refirió al desplante del Gobierno y aseguró que hay preocupación, pues desde hace varias semanas estaba preparado el encuentro que ya ha sido aplazado dos veces. En un principio se iba a realizar el 24 y el 25 de julio, pero sin explicación alguna los encargados desdieron moverla hasta el 28 y 29 de agosto, pero tampoco se cumplió la cita.

Cabe recordar que la Misión de Verificación se creó para que las comunidades afro y campesinas de esa región pudieran denunciar y se escuchados sobre las denuncias que viven en sus regiones por culpa de la violencia de los grupos armados ilegales que actúan en 120 veredas.

Por su parte, un cultivador de la vereda Naslabi, Édgar Dejoy, habló con la emisora y dijo hace más de seis meses hay un grupo de hombres armados y camuflados reemplazando al Estado en la vereda el Playón.

Los labriegos dicen que desde hace cinco años que se firmó el proceso con las extintas Farc, en esta región “la paz nunca llegó” porque lo que les prometieron de vías, acueductos, escuelas, puestos de salud y otros programas sociales no se realizó.

La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, informó el pasado 25 de agosto que el Gobierno nacional ha indemnizado a más de 5.450 víctimas del conflicto armado que residen en el exterior.

Durante una charla virtual acerca de la implementación de la política pública de reparación integral, en el marco de la prórroga de la ley de víctimas y restitución de tierras, la alta funcionaria señaló que este proceso de reparación se ha realizado a través de la Unidad de Víctimas y la Consejería para la Estabilización.

La Cancillería ha ido fortaleciendo sus capacidades técnicas, financieras y humanas para garantizar que las víctimas que se encuentran en el exterior sean informadas, orientadas y asistidas frente a sus derechos y las medidas contempladas en materia de atención y reparación integral”, señaló Ramírez durante el diálogo virtual.

A su vez, la alta funcionaria reconoció que a través de la Ley 1448 de 2011, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha recibido cerca de 13.500 declaraciones en 43 países mediante los consulados, desde los cuales se ha hecho el acompañamiento de al menos 6.375 víctimas del conflicto armado, que realizan sus trámites ante diferentes entidades del Estado.

Asimismo, indicó que durante los últimos tres años el Gobierno ha tomado 2.132 declaraciones en el exterior de hechos victimizantes, a través de las cuales 25.920 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas con el fin de garantizar sus derechos.

“Este acompañamiento es un mandato que, desde la Cancillería, desarrollamos con el mayor empeño y compromiso, a través de la función de asistencia consular”, indicó Ramírez, quien aseguró que se han implementado estrategias de asistencia técnica permanente desde la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio Ciudadano con el fin de estar preparados para esta atención.

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