Álvaro Uribe se fue en contra del presidente de la JEP, lo llamó “politiquero”

La propuesta de ‘amnistía general’ del expresidente Álvaro Uribe Vélez sigue despertando malestar entre algunos sectores políticos y judiciales. Uno de los más recientes tiene que ver con sus ‘enfrentamientos’ con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, quien ha tildado esta iniciativa como “inconstitucional”, ya que, según dice, atentaría contra los acuerdos de paz.

En una entrevista con el diario El Tiempo, Cifuentes se pronunció sobre la ‘amnistía’, que, entre otros aspectos, busca establecer una especie de “borrón y cuenta nueva” frente a ciertos actos ocurridos en el marco del conflicto armado. Esto porque el exsenador del Centro Democrático considera que existe una “asimetría en el tratamiento judicial” derivada de los acuerdos con la extinta guerrilla de las Farc.

En primer lugar, el presidente de la JEP manifestó que no es posible otorgar una amnistía, puesto que “están prohibidas en el derecho internacional para los crímenes internacionales”. Y, en segundo lugar, este consideró que una propuesta de ese tipo sustituiría el principio de buena fe derivado de la Constitución Política.

“Un Estado constitucional sencillamente no puede adquirir una serie de compromisos con un grupo armado para desarmarlo y desmovilizarlo, y acto seguido deshonrar lo pactado en un acto semejante a la perfidia. Un acto como este tarda muy poco en caerse ante la Corte Constitucional”, comentó el también magistrado sobre el tema.

Posteriormente, en la mañana de este lunes 30 de agosto, Uribe respondió a estas afirmaciones a través de su cuenta de Twitter, donde lo tildó de “politiquero”: “El Doctor Cifuentes de la JEP, cuando no insulta distorsiona, su único argumento es mantener los privilegios de Farc. No es Magistrado sino politiquero que aumenta la ilegitimidad de la JEP”.

No es un secreto que, desde que está vigente, el uribismo ha expresado su malestar con respecto a la JEP, la cual tiene como objetivo investigar y juzgar a los integrantes de las Farc, miembros de la Fuerza Pública y demás individuos que hayan participado en el conflicto armado en Colombia. Uno de los argumentos de ese sector político es, por ejemplo, que los integrantes de la extinta guerrilla no han pagado las penas por los crímenes que cometieron, hablando de impunidad.

EL BORRADOR DE LA ‘AMNISTÍA GENERAL’:

Hace algunos días, el expresidente Uribe dio a conocer unas ‘brochadas’ de su propuesta, mediante su cuenta en Twitter, y también en una entrevista con La FM. El documento lo encabezó bajo el título: “Para Superar asimetrías judiciales y de acceso a la función pública”.

Uno de los puntos sobre los que habló fue que los condenados o procesados recuperen sus derechos políticos. “Se permitirá por una sola vez que personas condenadas o procesadas por delitos, o que tengan sanciones o procesos administrativos de pérdida o inhabilidades de derechos políticos, sean elegidas para cargos de representación popular, o nombradas en la administración pública, con observancia de los requisitos generales sobre la materia”.

No obstante, hizo una precisión, y es que ello solo acogería a quienes no estén implicados en infracciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. “Se exceptúan delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos de conocimiento de la Corte Penal Internacional y de corrupción en la contratación pública”, agrega en el borrador.

Otro aspecto que enmarca la ‘amnistía’ consiste en brindar un tratamiento diferencial para los integrantes de la Fuerza Pública condenados o procesados. “Los integrantes de las Fuerzas Armadas, por delitos cometidos hasta la fecha de promulgación de este Acto Legislativo, que hayan completado 5 años de privación de la libertad, gozarán del beneficio de libertad condicional y podrán ejercer los derechos políticos”.

De igual modo, señaló que, quienes se acojan a esta ley, también deben aportar a la reparación de las víctimas y contribuir con la verdad.

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