El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, entregó este 28 de agosto el balance sobre su visita a Washington D.C., Estados Unidos, donde se reunió con altos funcionarios de distintos organismos, incluido el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de ese país. Con este último, el diálogo se centró en el atentado contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta y el escándalo de contratación protagonizado por el MinTIC.
De acuerdo con el funcionario, el encuentro fue entre el delegado de crimen organizado de la entidad y agentes especiales de esa institución con el objetivo de “decirle al país que estamos trabajando también en todo lo relativo con lavado de activos, iniciación de indictments en los Estados Unidos y procesos de extradición para aquellos que utilicen, además, los recursos públicos de Colombia para tratar de sacarlos del territorio nacional”.
Barbosa no especificó más detalles sobre el encuentro, o el tipo de cooperación que prestará la agencia de investigaciones de Estados Unidos en el caso particular del contrato entre ese Ministerio y la unión temporal Centros Poblados para llevar conexión de Internet a los colegios en 15 departamentos del país y que resultó en la desaparición de un adelanto de $70.000 millones de pesos.
No sobra recordar que, los Estados Unidos poseen una importante participación en el polémico contrato que tiene en el ojo del huracán a la ministra TIC, Karen Abudinen, dado que más de la mitad del dinero que se consignó a Centros Poblados llegó a la cuenta de West Kendal del Citibank, en la ciudad de Miami: la suma exacta que recibió esa corporación en tierras norteamericanas fue de 58.301 millones de pesos.
En pro de ese objetivo, la Fiscalía ya citó a interrogatorio a los contratistas acusados de haber desaparecido el dinero, y ha realizado varias inspecciones a las instalaciones del MinTIC. De igual manera, estableció líneas de investigación sobre los funcionarios públicos y del contratista que estuvieron involucrados, la expedición de las pólizas falsas que permitieron el giro del dinero y la forma en que se produjo el giro de esos recursos.
Adicionalmente, Barbosa se reunió con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), y de Human Rights Watch, para identificar herramientas que permitan combatir las problemáticas que enfrenta Colombia por cuenta de la criminalidad, y fortalecer los lazos de cooperación investigativa y judicial.
Con la (OEA)
En el encuentro con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Leonardo Almagro Lemes, el fiscal compartió detalles de las labores que realiza la entidad en la región del Darién, frontera con Panamá, respecto a la crisis humanitaria que enfrenta Colombia por el tráfico de migrantes.
Al respecto, indicó que semanalmente llegan 15.000 extranjeros a esa zona del país. En búsqueda de soluciones, la próxima semana sostendrá una mesa de trabajo con nueve fiscales de Centroamérica y Suramérica para diseñar alternativas conjuntas que permitan impactar a las redes criminales que estarían ligadas a este flagelo.
De otro lado, destacó el trabajo coordinado con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), específicamente, en la imputación que se hará al General (r) Mario Montoya por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales.
Ante la CIDH
En una segunda reunión, Barbosa dialogó con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola Noguera; la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum; y la secretaria ejecutiva adjunta para el Sistema de Peticiones y Casos, Marisol Blanchard, sobre los avances investigativos por las conductas delictivas ocurridas en el marco de las movilizaciones sociales en Colombia.
Allí compartió un segundo informe de resultados y enfatizó que se han cumplido los lineamientos y recomendaciones entregados por el organismo internacional. Esto ha sido posible gracias a la puesta en marcha de una estrategia con 11 lineamientos específicos y la conformación de grupos especializados de fiscales y peritos que investigan 29 muertes que tendrían nexo con las jornadas de protesta, de los 57 fallecimientos conocidos desde el 28 de abril del año en curso.
Adicionalmente, socializó sus argumentos para rechazar la propuesta de amnistía nacional. Indicó que la Fiscalía General de la Nación debe ser baluarte en la defensa de los derechos humanos en Colombia y no puede avalar una proposición que va en contravía de este propósito.
Frente a Human Rights Watch
El último encuentro de la visita a Washington D.C. (Estados Unidos) se dio con José Miguel Vivanco, director de la División de Américas de Human Rights Watch. Aquí hizo referencia a las investigaciones y esclarecimientos por crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.
En esta reiteró al representante del organismo internacional que no existen conflictos de competencias con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que se ha construido una relación armónica para evitar que haya impunidad.
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