Unidad de víctimas entregó más de $400.000 millones en reparación a hogares desplazados durante 2020

La entidad, que hizo su audiencia de rendición de cuentas en el Putumayo, también reportó que el año pasado se recibieron 50.448 solicitudes de personas que buscan ingresar al sistema de reparación

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Funcionarios de la Unidad de
Funcionarios de la Unidad de Víctimas durante la rendición de cuentas en el Putumayo. / Unidad de Víctimas

El director general de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, entregó esta semana los avances que se lograron durante 2020 desde la entidad. Lo hizo en una Audiencia Pública celebrada en el Putumayo, desde donde reconoció que el año pasado no fue nada fácil, dadas las condiciones impuestas por el covid-19.

De acuerdo con el funcionario, una de las herramientas clave para poder adelantar la labor de protección y reivindicación de las víctimas del conflicto armado durante el año pasado fue el Registro Único de Víctimas (RUV), que en ese periodo recibió un total de 50.448 solicitudes. Con estas, agregó, se han incluido en el sistema a 9.165.126 personas.

Adicionalmente, reportó que durante 2020 se entregaron un total de 670.146 giros a 469.531 hogares víctimas de desplazamiento forzado por valor de $401.292.672.290; y ayudas humanitarias en dinero por hechos distintos al desplazamiento a 4.235 hogares, por valor de $5.314.930.990. Otras 8.584 familias recibieron paquetes en especie avaluados en un total de $6.344.815.762.

En términos de reparación integral la unidad asegura haber logrado la ejecución del 100 % de los recursos asignados para la vigencia de 2020. Según Rodríguez, “otorgamos un valor total de $937.861 millones, que corresponden a 116.125 giros realizados en todo el territorio nacional”. Igualmente, aseguró que se implementó la ruta de priorización para llegar a quienes más lo requieren, para lo que “se ajustó la edad de 74 a 68 años para avanzar en las metas”.

Paralelamente, la Unidad para las Víctimas informó que tiene identificadas 27.000 víctimas que viven en el exterior, la cuales se encuentran en al menos 43 países. De estas, 2.532 habían sido indemnizadas para el final de 2020.

En cuanto a la reparación colectiva, Rodríguez indicó que “para la entidad uno de los principales retos ha sido la implementación de un modelo que permita caracterizar los daños a las comunidades y diseñar acciones que permitieran su superación”.

Tras esto, señaló que a la fecha hay 792 sujetos de reparación colectiva incluidos en el RUV. Así, sólo el año pasado se logró el cumplimiento del 100 % de las acciones reparadoras de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) con 12 sujetos; mientras que se entregaron bienes de uso colectivo y se apoyaron proyectos agropecuarios y de infraestructura social y comunitaria con 42 sujetos de reparación colectiva, con una inversión de $7.307 millones. “Es importante aclarar que la reparación colectiva es una de las principales acciones de implementación del Acuerdo de Paz y de las iniciativas PDET”, añadió Rodríguez.

Durante la audiencia pública también se mencionó la importancia de la recuperación emocional. En ese sentido, y según los datos entregados, al cierre de 2020, 256.120 víctimas habían recibido atención psicosocial en el marco del acceso a la medida de reparación.

Por otra parte están las acciones participativas, para las cuales se recopilaron propuestas provenientes de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas. En este sentido, se acudió a la creación de espacios de trabajo donde se socializaron los avances y hubo diálogos que permitieron el fortalecimiento de la participación.

Así, se desarrolló el Gran Diálogo con las Víctimas en Tiempos de covid-19, en el que participaron las 32 mesas departamentales y la distrital de Bogotá. Resultado de los diálogos, la entidad asumió 328 compromisos que se cumplieron en su totalidad. Adicionalmente se realizó el lanzamiento de la estrategia de Participaz con Legalidad, donde se cuenta con cerca de 1.101 mesas en las que las víctimas ejercen su derecho a la participación y en donde lideran espacios de inclusión para hacer incidencia en el cumplimiento de sus derechos.

A continuación se habló de retorno y reubicación de víctimas de desplazamiento forzado, para lo que se colocaron 1.426 giros de apoyo al transporte y traslado de enseres por valor aproximado de $1.878.001.290 a hogares que solicitaron acompañamiento para su regreso. Así mismo, para el apoyo a la sostenibilidad se entregaron 9.560 giros por valor de $4.852.932.000.

En pro de la articulación entre el nivel nacional y territorial, las administraciones municipales y los cooperantes también se permitió la entrega de 2.397 Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar con una inversión aproximada de $13.681.385.884 para unidades de negocio de generación de ingresos de los hogares y 344 de acompañamiento comunitario.

Con todo, en 2020 se logró que 41.589 víctimas se instalaran de nuevo en sus territorios, reubicaran o integraran localmente.

Por último están los esfuerzos por la reivindicación de los derechos y la atención a los grupos étnicos, pueblos y comunidades indígenas, el pueblo Rom o gitano, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en torno al territorio, la identidad cultural y la autonomía y gobierno propio. Para esto se protocolizaron dos sujetos colectivos étnicos, se efectuaron 25 instalaciones de consulta previa y se logró la inclusión de la Política Pública de Víctimas Étnicas en los Planes de Desarrollo.

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