Sólo 29 de las 57 muertes registradas durante el paro nacional están relacionadas con la protesta, según la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un nuevo informe sobre lo que se está haciendo para abordar lo sucedido durante el paro nacional que estalló el pasado 28 de abril en contra del Gobierno de Iván Duque. En este, aseguran que el saldo de fallecidos es de 57 personas.

En la reunión de este 27 de agosto participaron el jefe del ente investigador, Francisco Barbosa, y la presidenta del organismo internacional, Antonia Urrejola, así como Tania Reneaum, secretaria Ejecutiva, y Marisol Blanchard, secretaria Ejecutiva Adjunta para Sistema de Peticiones y Casos.

En su informe, el funcionario detalló que de las 57 muertes, entre manifestantes y miembros de la fuerza pública, sólo 29 se ubican dentro del marco de la protesta, con 13 de estas esclarecidas. Otras cinco se encuentran en verificación mientras que un total de 23 son consideradas por el ente acusador como sucesos aparte de las manifestaciones.

Lo anterior es, seis decesos más frente a los que se reportaron durante una reunión similar el pasado 5 de junio; incluyendo dos relacionados con el paro nacional.

En contraste, Temblores ONG aseguró en su informe de cierre sobre la violencia registrada durante el paro que el saldo sería de 44 casos de violencia homicida por parte de la Policía. Además, hay otros 28 de los cuales 11 están en proceso de esclarecimiento sobre si el victimario habría sido miembro de esa institución; una es atribuible a un civil armado, aunque contó con la participación de uniformados; 12 están en proceso de verificación de escenario y contexto y cuatro en proceso de verificación de la denuncia.

Posteriormente, el funcionario se refirió a otros delitos cometidos durante el estallido social, como la desaparición forzada, asegurando que de las seis denuncias que recibieron por ese hecho, cinco casos no tenían nada que ver con protesta y sólo uno se encuentra en revisión.

También advirtió que, “sobre reportes de civiles armados en las manifestaciones, se ha hecho una serie de trabajos investigativos que han permitido que la Fiscalía llame a versión libre en calidad de indiciados a 16 civiles, cinco miembros de la fuerza pública y un miembro de la comunidad indígena”. Entre estos se incluye el caso más visible, que involucra al empresario Andrés Escobar, de Cali.

Por último, advirtió que cuatro estructuras criminales están identificadas como promotoras de la violencia durante las jornadas de manifestaciones que se extendieron por poco más de tres meses. Todos estos resultados, concluyó, se han logrado por medio de las once líneas de investigación que se estructuraron para abordar los hechos que se dieron durante el paro nacional.

El balance se une al entregado a esa misma entidad hace poco más de dos meses por la Defensoría del Pueblo. En este se advierte que, “entre los derechos afectados están a la libertad de circulación (30 %), salud (22 %), trabajo (22 %), integridad personal (7% ), mínimo vital (6 %), seguridad alimentaria (4 %), vida (3 %) y propiedad privada (2 %), entre otros”.

No hay que olvidar tampoco que la CIDH ha sido muy clara en su postura con respecto del paro y el accionar de las autoridades, llegando incluso a confirmar que en el país hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la institución y a recomendar sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa.

En ese sentido, asegura que con la salida del ministerio se debe “garantizar un entrenamiento que consolide la preservación de la seguridad con enfoque ciudadano y de derechos humanos”. Por su parte, la presidenta de la entidad, Antonia Urrejola, dijo que la recomendación de separar a la Policía y al Esmad del ministerio busca que “se evite una visión militar en la Policía” y que más allá de dicha acción, quieren es que se cumplan los mínimos de respeto y seguridad.

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