La Procuraduría General de la Nación anunció, este viernes 27 de agosto, que abrió una indagación preliminar contra funcionarios de la Gobernación de Santander por presuntas irregularidades relacionadas a la pérdida de documentos claves en la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el exsenador Richard Aguilar.
El órgano de control indaga lo ocurrido con algunas resoluciones que habrían sido proferidas por el despacho del entonces gobernador de Santander, quien se encuentra recluido en el Batallón 13 del Ejército Nacional, en Bogotá, por presuntas irregularidades en la contratación de obras para el departamento, como la remodelación del estadio Alfonso López y otros proyectos de infraestructura vial, y su sucesor.
El Ministerio Público aseguró que los documentos que se perdieron habrían sido solicitados por el tribunal supremo dentro de la investigación que se adelanta contra el político, proceso en el que algunos de los funcionarios que trabajaron en la Gobernación se han desempeñado como los mayores testigos en su contra por los presuntos actos de corrupción.
Por último, la Procuraduría Regional de Santander ordenó realizar la práctica de pruebas con el fin de determinar si estos hechos son constitutivos de falta disciplinaria y si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad y con la intención de identificar los autores de este caso.
Corte Suprema envía caso del exgobernador Richard Aguilar a la Fiscalía
El pasado jueves 19 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envió la investigación que adelantaba en contra del exgobernador de Santander Richard Aguilar, por presuntas irregularidades en contratos mientras fungía como gobernador Santander, a la Fiscalía General de la Nación.
La decisión, que se da con ponencia del magistrado César Reyes, obedece a la renuncia que presentó Aguilar al Congreso el pasado 28 de julio, cuando se registró su captura en Bogotá después de que se le señaló de ser el presunto cerebro detrás de una red de corrupción durante su administración.
Cabe resaltar que la Constitución Política de Colombia establece, en su artículo 235, que es la Corte Suprema de Justicia el ente que debe juzgar a congresistas y altos mandos del Gobierno en estos casos. Pero como horas después de su captura, Richard Aguilar presentó una carta de renuncia al Congreso y esta fue aceptada, la Corte ahora resuelve enviar su caso a la justicia ordinaria.
El documento, citado por la Revista Semana, señala “El envío de la actuación al señor Fiscal General de la Nación, para lo de su competencia, previas a las anotaciones correspondientes” y resaltá que deja “al exsenador Richard Alfonso Aguilar a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.
Cabe recordar que el pasado 27 de Julio, Aguilar fue capturado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación por orden de la Corte Suprema de Justicia, tras las investigaciones en su contra por presuntas irregularidades en la contratación de los arreglos de la estructura de la Villa Olímpica del estadio Alfonso López, en Bucaramanga.
Richard Aguilar es investigado por, supuestamente, asociarse para cometer delitos contra la administración pública, peculado, interés ilícito en celebración de contratos y contrato sin requisitos legales.
Las presuntas irregularidades tienen que ver con contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), obras de mejoramiento en la carretera San Gil–Charalá (2014) y en el corredor vial Agroforestal y Energético (2014), así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga–Floridablanca (2014).
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