Procuraduría solicita no tomar en cuenta la tutela de Centros Poblados contra MinTic

Por considerar que no hay vulneración de los derechos fundamentales, la Procuraduría General de la Nación solicitó este jueves declarar improcedente la acción de tutela impuesta por la unidad temporal Centros Poblados en contra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), entidades involucradas en un escándalo de contratación.

El Ministerio Público le pidió al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla no considerar las maniobras judiciales con las que Centros Poblados busca evitar que caduque el polémico contrato de conectividad, que contemplaba la instalación de 7.000 puntos digitales en las regiones más apartadas del país por $1,07 billones de pesos.

“Con esta acción la Unión Temporal pretende evitar los efectos de las resoluciones 01747 y 02013 de 2021 de MinTic, dentro del expediente de incumplimiento contractual N°. 26 de 2021, por el cual se declaró la caducidad del contrato de conectividad, y el Auto 644 de 2021 que dispuso como medida cautelar el embargo, secuestro y retención de bienes de los integrantes de Centros Poblados”, indicó la Procuraduría.

A su vez, argumentó que el Juzgado Civil del Circuito de Barranquilla, donde se estudia la tutela, no cuenta con la facultad territorial para conocer las iniciativas adelantadas por el MinTic, debido a que esta competencia le corresponde a los jueces del Distrito Judicial de Bogotá, porque estos actos administrativos se firmaron en la capital.

De igual manera, el órgano de control explicó que esta polémica, en la que presuntamente se presentaron actos de corrupción, es netamente económica y no tiene relación a una grave vulneración de los derechos especialmente esenciales como la vida o la salud, las cuales solicitan una medida inaplazable y urgente.

“La delegada para Asuntos Civiles y Laborales, actuando como agente del Ministerio Público, advirtió que para este caso existen otros mecanismos de defensa alternativos, que desplazan la tutela concebida como medio de protección de los derechos fundamentales”, indicó la Procuraduría.

Por último, advirtió que no se encuentran acreditados los elementos de juicio y las razones que conlleven al operador judicial a tomar en cuenta que resulta altamente probable la existencia de una vulneración de los derechos fundamentales alegada por Centros Poblados.

La principal conclusión de la versión de los representantes de Unión Temporal Centros Poblados, contratistas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la construcción de 7.277 centros digitales rurales, es que se viene un largo proceso judicial. Aunque reconocen un “pequeño” incumplimiento, aseguran que actuaron de buena fe y la cartera de Karen Abudinen violó las garantías procesales al caducar el contrato.

Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, fue el primero en exponer el cumplimiento del proyecto que habían adelantado, el cual inició según el acta el 30 de diciembre de 2020 con una vigencia de 10 años, sin embargo, la instalación de todos los centros digitales contratados a su cargo debía estar lista para el 28 de mayo de 2022.

Duque aseguró que lo primero que hicieron y se cumplió fueron los estudios de campo para determinar cómo instalar cada uno de los puntos en 15 departamentos e incluso Bogotá. Lo segundo era la adquisición de los equipos, sobre lo cual afirmó que habían presentado retrasos por la pandemia de covid-19 en el mundo, el buque represado en el canal de Suez, y el paro nacional.

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