Procuraduría pide ampliar el periodo de la Comisión de la Verdad siete meses más

La Procuraduría General de la Nación solicitó este miércoles la ampliación del periodo de vigencia de la Comisión de la Verdad, organismo creado a instancias del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC, con la intención de garantizar el derecho a la verdad y a la no repetición de las víctimas del conflicto armado.

A través de un concepto enviado a la Corte Constitucional, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, pidió extender el periodo del organismo presidido por el sacerdote jesuita, Francisco de Roux, durante siete meses más de los establecidos, para que realice sus funciones y presente el informe sobre el conflicto armado en el país.

A juicio de Cabello, las garantías de las víctimas no hacen parte de los aspectos de libre ejecución por parte del legislador, sino que corresponden a mandatos que hacen parte integral del ordenamiento superior, que se ve robustecido por el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final con el fin de concretar la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

“No hay duda de que el Constituyente le ordenó a la Corte Constitucional revisar de manera oficiosa la normatividad que se expidiera con ocasión de la finalización del conflicto, con el fin de que sus efectos fueran acordes con los derechos de las víctimas”, indicó la funcionaria con relación a la facultad de interpretación del decreto de Ley 588 de 2017 que consolidó la Comisión de la Verdad.

A su vez, Cabello señaló que las medidas adoptadas en el país para la contención de la pandemia de covid-19 impidieron el cumplimiento de los tiempos fijados para la ejecución de la misión constitucional de este organismo del Sistema Integral para la Paz, que busca el esclarecimiento de las causas del conflicto armado, satisfaciendo el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, desde las regiones.

“En especial, aquellas donde ha existido pobreza, desigualdad, ausencia de las autoridades, carencia de los servicios de salud y precarias condiciones sanitarias, las cuales, desafortunadamente, coinciden con las zonas más afectadas por el conflicto armado”, manifestó la funcionaria.

Para la procuradora, el alto tribunal debe tener en cuenta en su decisión de extender el periodo de vigencia de la Comisión, el cual concluye en tres meses, que se requieren otros siete meses para cumplir con las funciones, en las cuales se ha destacado la entidad desde su conformación.

Por último, solicitó a la Corte Constitucional priorizar el trámite de la demanda de inconstitucionalidad, pues ante la finalización del periodo de funcionamiento de la Comisión de la Verdad el próximo noviembre, “es imperioso un pronunciamiento sobre las normas acusadas para evitar la afectación de los derechos de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, así como dada la trascendencia social del informe final que deberá rendir la entidad”, concluyó la procuradora.

La negativa del Gobierno

El pasado 10 de agosto, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y el Ministerio de Justicia enviaron un concepto al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ibáñez, en el que se pronuncian en contra de la solicitud para extender el mandato de la Comisión de la Verdad debido a los retrasos presentados por la pandemia del covid-19.

En el documento, el secretario jurídico del DAPRE, Germán Eduardo Quintero Rojas, y el del Ministerio de Justicia, Fredy Murillo Orrego, declaran que este proceso no debería tramitarse por la Corte Constitucional, como se está haciendo en este momento, sino que es función del Congreso definir si se extiende o no el mandato de la comisión presidida por Francisco de Roux.

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