Veeduría de Bogotá pide adelantar una transformación profunda al Escuadrón Móvil Antidisturbios

En Bogotá han aumentado las denuncias contra miembros de la Policía por hechos de violencia en el marco de la protesta social, según sostuvo la Veeduría Distrital, que en su último informe registró 19 denuncias en 2018, 559 en 2020 y 181 en 2021.

“Muchas de estas denuncias se concentran en acciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, ESMAD, que depende del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior o Justicia, como se esperaría por la naturaleza civil de sus funciones”, aseguran desde la entidad.

Por este motivo insiste el ente de control preventivo en que “la reforma del ESMAD no sólo es una solicitud ciudadana, sino también de organismos internacionales como Naciones Unidas, que, en su informe anual de 2019, señaló la urgente necesidad de adelantar una transformación profunda al Escuadrón Móvil Antidisturbios. Específicamente, en lo concerniente a sus protocolos para el uso de la fuerza”.

Al alarmante aumento de las denuncias contra miembros de la Policía se suman hechos como la sistematicidad de la violencia policial contra la Protesta Social.

El fallo de 2020 de la Corte Suprema de Justicia sobre hechos que tuvieron lugar en las protestas de 2019 en Colombia calificó de “sistemática” la violencia ejercida por la fuerza pública contra manifestantes y se refirió a la incapacidad institucional del ESMAD para mantener el orden público a través del uso racional y moderado de las armas disponibles.

Dos años después, en 2021, el paro nacional que inició el 28 de abril y que duró cerca de tres meses, habría dejado como balance 3.486 casos de violencia policial de los cuales 44 son asesinatos atribuibles directamente a la fuerza pública, además de 28 casos de violencia sexual (Indepaz y Temblores, 2021).

En Bogotá habrían tenido lugar tres de estas muertes, 10 víctimas de violencia sexual (Temblores ONG, 2021) y al menos, 361 civiles resultaron lesionados (Alcaldía Mayor, 2021). Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló en un comunicado de julio de 2021, que Colombia es el segundo país con la más alta tasa de muertes violentas por día de protesta, con una muerte cada 36 horas, situándose justo después de Birmania.

Entre estas fallas, recientemente fue denunciado por Human Rights Watch el uso del Venom, compuesta por proyectiles de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras que, por su mecanismo de disparo múltiple afectan de manera indiscriminada a residencias, manifestantes, peatones e incluso los mismos uniformados.

En este sentido, a la Veeduría también le preocupa la inobservancia del principio de publicidad de los procedimientos policiales, “ya que se han recibido numerosas denuncias de agresiones contra ciudadanos por grabar o bien, se ha denunciado el ocultamiento de insignias de identificación de los uniformados”.

En Bogotá se ha identificado la desobediencia de algunos agentes del ESMAD a las directrices sobre el uso de la fuerza como último recurso y el ajuste de sus acciones al manual sobre el manejo de armas. Ejemplo de ello es el uso de armas de letalidad reducida en contra de los cuerpos de las personas para dispersar protestas pacíficas y los atentados con bombas lacrimógenas a residencias.

La Veeduría hizo un llamado para que se revise el nivel de la efectividad de las intervenciones de esta unidad para repeler actos violentos en medio de la protesta social, teniendo en cuenta hechos como los ocurridos en octubre de 2020 cuando la minga indígena adelantó su movilización en Bogotá, con la participación de aproximadamente 10.000 ciudadanos, en absoluta paz y sin ningún acto vandálico, previo acuerdo con la administración distrital para que el ESMAD no acompañará la manifestación.

Sólo entre el 28 de abril y el 8 de junio de este año el ESMAD ha realizado 447 intervenciones (SDG 2021), con un saldo de confrontaciones que deja un registro alarmante tanto de violaciones a los DD.HH. como de actos vandálicos.

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