Este 25 de agosto se conoció que hay un grupo de 800 familias en Santander, todas víctimas de violencia y vulnerables, que se encuentra a la espera de las viviendas de las que se vieron beneficiadas por proyectos liderados por el Ministerio de Agricultura desde 2018.
De acuerdo con Blu Radio, de todas las casas, 405 tenían que ser construidas por Consorcio Futuro a través de un contrato que se firmó con Fiduagraria S.A, y donde aparece como vocera y administradora del patrimonio autónomo VISR-MADR.
En mayo de este año se llevó a cabo una audiencia por incumplimiento y se le dio al consorcio un plazo de entrega para el 50 % de las viviendas antes del 31 de agosto, pero hasta la fecha no se ha construido ni una sola unidad.
De acuerdo con el secretario de Vivienda de Santander, Fabián Andrés Vargas, la entidad ha solicitado dos avances del proyecto al gerente de Fiduagraria y pidió explicaciones del retraso.
Estas obras debían haber iniciado en el mes de abril y el mes de mayo, de proyectos que se formularon por parte del Ministerio de Agricultura y Fiduagraria hoy no se han podido iniciar, son casi 800 familias esperando mejoramiento de vivienda o vivienda nueva y por dificultades del Ministerio de agricultura y problemas de orden público los proyectos no se han iniciado.
De acuerdo con la Gobernación de Santander, el proyecto no les pertenece ni es iniciativa de ellos, pero piden al Ministerio de Agricultura que responda a las familias que esperan una solución de vivienda y están en una condición de precariedad o en zonas de alto riesgo.
De acuerdo con W Radio, una de las víctimas que iba a ser beneficiada en Vélez, con una de estas viviendas dijo que tiene temor de quedarse sin un inmueble donde pueda vivir con tranquilidad y dignidad.
Ya llevamos de tres años y medio a la espera, nos han hecho visitas, nos socializan, pero a la fecha nada, según Fiduagraria, el incumplimiento es desde el contratista, el 50 % de las viviendas que tenían por entregar, el plazo se vencía el 31 de agosto, pero no ha cumplido con ninguna, sino cumple, el proyecto se vería afectado, si él incumple el proceso debe empezar de cero.
Esta no es la única denuncia, el pasado 19 de agosto la Contraloría General de la Nación dijo que la oferta de vivienda urbana para los hogares víctimas del conflicto armado no han sido suficiente, pues entre 2012 y 2020 solo se otorgaron 107.000 subsidios, y en consecuencia, han quedado por fuera más de un millón de víctimas del conflicto armado.
De acuerdo con el contralor General de la Nación, Carlos Felipe Córdoba, “10.414 subsidios familiares de vivienda urbana se encuentran sin legalizar, y solo el 33 % de los hogares víctimas han recibido estos subsidios”.
Asimismo, llamó la atención sobre el hecho de que, “ hay millonarios recursos para las viviendas de las víctimas que permanecen en cuentas de ahorros y fiducias, mientras miles de personas claman por ese techo”.
De acuerdo con el ente de control, desde 2003 se encuentran cuentas represadas con más de 20.000 subsidios de vivienda urbana. “Teóricamente ya hay asignados más de 317.000 millones de pesos, mientras que en las fiducias, los recursos superan los 500.000 millones de pesos”.
En ese sentido, el órgano de control señaló que el 91 % de las víctimas del conflicto armado en Colombia se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad y de esa cifra, más de la mitad son mujeres.
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