La JEP ordena al Estado diseñar un plan de seguridad para los excombatientes en las nuevas zonas de reincorporación

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó este miércoles a las autoridades del Estado diseñar un plan de seguridad integral para los excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las FARC que se encuentran en las nuevas áreas de reincorporación.

Esta decisión fue tomada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del tribunal de paz luego de escuchar a más de una decena de instituciones locales, nacionales y regionales encargadas de velar por la seguridad de los firmantes del Acuerdo Final de Paz, que se encuentran en proceso de reincorporación.

La Sección adoptó cinco nuevas determinaciones encaminadas en fortalecer las estrategias desplegadas en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, tres departamentos en los que se ha presentado el asesinato de 104 exmiembros desde la firma del Acuerdo Final, una proporción de asesinatos 104 % más alta con respecto al resto del país.

Por tal razón, se convocó a una diligencia judicial a las entidades estatales con la intención de adelantar el estudio de las medidas cautelares colectivas y de esta manera, adoptar las decisiones que fortalezcan la articulación entre las instituciones en materia de seguridad para poner fin a los asesinatos, y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación de los crímenes padecidos en el conflicto.

“No habrá paz estable y reconciliación genuina sin un esfuerzo común de todas las instituciones que estamos aquí, para cumplir de buena fe lo acordado en los mandatos legales y constitucionales que tenemos”, indicó la magistrada Reinere Jaramillo, relatora de las medidas cautelares.

De acuerdo con la Unidad de Investigación de la JEP, al menos 21 crímenes corresponden a uno de los patrones identificados por los investigadores que representan una de las mayores incomodidades en los territorios: el desmonte de proyectos políticos, económicos o comunitarios vinculados la implementación desde los territorios.

A su vez, el tribunal de paz ha vinculado a 30 entidades estatales y ha emitido cerca de 140 decisiones judiciales que buscan el robustecimiento del Sistema Integral de Seguridad y Protección, dentro de las que se encuentra una orden al Ministerio de Defensa brindar apoyo a la Fiscalía cuando se realicen actuaciones judiciales en los territorios afectados.

Asimismo, ordenó a la Unidad Nacional de Protección(UNP) gestionar recursos para completar el programa con 683 nuevas plazas y 40 analistas de estudios de riesgo en seguridad.

“Se aprobó el Plan Estratégico de Seguridad y Protección de Personas en Reincorporación por parte de la Mesa Técnica de Seguridad, y su implementación, por parte de la Unidad Nacional de Protección. Asimismo, se aprobó el Plan de Acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales”, destacó la JEP como logros alcanzados desde 2020.

Por otra parte, la JEP atribuyó esta situación a que los grupos armados quieren controlar las zonas donde antes andaban los exFarc y quedarse con las rutas de narcotráfico. Señalan que estos crímenes y en general, el recrudecimiento de la violencia, no ayuda a generar confianza en el Acuerdo Final de Paz.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP aseguró que a los firmantes del Acuerdo Final de Paz, como a cualquier otro ciudadano, se les debe garantizar el derecho a la vida, pero además, al ser comparecientes ante el mecanismo de justicia, de ellos depende el derecho de las víctimas a la verdad, por eso resulta tan importante su protección.

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