Esto es la tapa del descaro: ministra Karen Abudinen sobre tutela a favor de Centros Poblados

La ministra Karen Abudinen, que calificó a la Unión Temporal Centros Poblados como una “red de tramposos” y “delincuentes”, reaccionó con inconformidad frente a la decisión judicial que obstruyó la caducidad y sesión del contrato que incumplió ese consorcio con el Ministerio de las TIC.

“¡Esto es la tapa del descaro!”, escribió Abudinen en su cuenta de Twitter a raíz de la noticia de la decisión de un juez de Puerto Colombia, en el Atlántico donde se encuentran las oficinas de miembros de Centros Poblados, que concedió medidas cautelares para la caducidad del contrato.

Ante esto, la ministra agregó: “La caducidad está en firme. No permitiremos que con acciones temerarias dilaten decisiones adoptadas en derecho. Defenderemos a capa y espada los intereses del Estado”.

Justamente los contratistas, quienes son cuestionados por no entregar avances en el contrato y presuntamente haber llevado a Estados Unidos a empresas de sus mismos miembros los 70.000 millones de pesos de anticipo que recibieron del MinTIC, tutelaron porque supuestamente no se garantizó su derecho a la defensa.

La decisión que tomó un juez de Puerto Colombia (Atlántico) de frenar el proceso de caducidad y de embargo, señala: “Decrétese como medida provisional la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de las decisiones contenidas en las Resoluciones MINTIC Nos. 01747 del 19 de julio de 2021 y 02013 del 13 de agosto de 2021, y de todas aquellas que se deriven de las mismas, proferidas por la autoridad accionada en contra de la UT Centros Poblados Colombia 2020, hasta tanto se profiera decisión de fondo dentro del presente trámite”.

A raíz de esa decisión, la caducidad del contrato quedaría suspendida y el Ministerio de las TIC no podría ceder la construcción de más de 7.000 centros de conexión a el segundo contratista ETB, así como tampoco continuar con el embargo de cuentas y bienes de la UT Centros Poblados. Es decir, las acciones que ha ejercido para recuperar el dinero y que argumentó Abudinen para defender su labor ante el Senado de la República.

Desde el Gobierno nacional señalan que se debe recibir la notificación de la decisión provisional para quedar en firme, aunque cuestionan la competencia del juez promiscuo del Atlántico en una actuación administrativa del Ministerio de las TIC, por lo que habrá una apelación que alargará el proceso contra el contratista.

La medida es provisional mientras se cumple la respuesta del Ministerio al juzgado. “Con el fin de que ejerzan su derecho de defensa y contradicción, dentro de un (1) día siguiente a la notificación del presente proveído, presentando un informe relacionado con los hechos y alegaciones expuestos por el accionante, de igual forma dentro del citado término se deberán aportar las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del presente trámite constitucional”, ordenó el juez.

Según dijo el apoderado de Centros Poblados Jorge Pino Ricci a la emisora Blu Radio, las afirmaciones como “delincuentes” que hizo la ministra no corresponden a la presunción de inocencia y principio de buena fe, toda vez que no hay sentencia penal en la investigación por irregularidades en el contrato. Sin embargo, presentaron la tutela porque no fueron escuchados en el Ministerio, como tampoco los supuestos funcionarios del banco Itaú que firmaron la garantía falsa, como lo solicitaron.

Pino aseguró que deberá ser un juez de la república el que debe determinar la originalidad de la garantía. Afirmó que había un “retraso leve” del contrato cuando solo llevaban un avance de poco más de 1% y que el anticipo se invirtió en equipos tecnológicos que ya están en el país, lo cual contradice las investigaciones del Ministerio y la W Radio que reveló las irregularidades.

SEGUIR LEYENDO: