Por abortar, unas 400 mujeres son procesadas cada año en Colombia

En Colombia el aborto es reconocido como un derecho en tres situaciones, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia: (I) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud física o mental de le mujer, certificada por un médico; (II) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (III) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

Pese a lo anterior la interrupción del embarazo en el país tiene aun muchas dificultades, pues en muchos casos así se cumpla con las razones mencionadas por temas culturales, acceso al servicio de salud y otras razones no es posible llevar acabo el procedimiento. Por otro lado, por vergüenza, culpabilidad o no saber que hacer con la situación algunas mujeres lo hacen en el marco de la ilegalidad y llegan ha ser penalizadas.

El informe ‘La criminalización del aborto en Colombia’, realizado por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, en alianza con la profesora adscrita a la Universidad de Los Andes Isabel Cristina Jaramillo Sierra señala que en los segundos casos las mujeres más perjudicadas por la justicia colombiana son niñas o adolecentes.

De acuerdo con El Tiempo, el informe que será presentado este miércoles 25 de agosto, concluye que un 12,5 por ciento de los casos de aborto perseguidos por la justicia corresponden a mujeres de 14 a 17 años, así como que un 24 por ciento de los casos que terminan en condena son de mujeres menores de edad.

De acuerdo con la investigación, en el país los departamentos que más padecen esta problemática, es decir que las mujeres terminan pagando una condena por llevar acabo el aborto son: Caldas (18,48 por ciento), Boyacá (13,94 por ciento), Santander (10,61 por ciento), Tolima (8,48 por ciento) y Norte de Santander (6,67 por ciento). Además, Bogotá es una de las ciudades en donde la mayoría de casos de criminalización contra las mujeres que abortan derivan en una condena (13,33 por ciento).

Es importante resaltar, además, que existe una serie de temor en las mujeres pues de acuerdo con cifras de la Mesa en el 2019, el 97% de las mujeres denunciadas por aborto ante la Fiscalía eran habitantes de áreas rurales y solo el 3% pertenecen a la zona urbana. De esas, el 30% de las que fueron denunciadas entre 1998 y 2019 por aborto eran víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual o lesiones personales y la gran mayoría (un 73%) fueron reportadas por el personal de salud o la Policía.

“Hay muy pocos datos para establecer cuantos abortes se hacen clandestinamente en Colombia a fecha de 2019 o 2020, lo cierto es que quienes tienen menos acceso a recursos, educación, y viajes a grandes ciudades, están en mayor riesgo de realizarse un aborto en condiciones inseguras. Hay algo más y es que la estigmatización social y por parte de personal médico hace aún más difícil para las mujeres acceder a su derecho”, comentó Cristina Rosero, del Centro de Derechos Reproductivos hace un tiempo atrás a El Espectador sobre la problemática.

Ratificando esta idea, el nuevo informe asegura que las mujeres que deciden abortar tienen mayor probabilidad de sufrir procesos de persecución de la justicia que de recibir su respaldo cuando son víctimas de violencia basada en género. Pues, un dato que respalda esta afirmación es que las condenas a mujeres que deciden abortar representan un 7,6 por ciento de los casos, mientras que para los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento las condenas representan un 1,14 y 3,38 por ciento, respectivamente.

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