Corte Constitucional aprobó ley de borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo

La ley borrón y cuenta nueva ya tiene el último visto bueno que le faltaba para pasar a sanción presidencial. Este 25 de agosto, la Corte Constitucional aprobó de forma unánime la normativa aprobada por el Congreso desde junio del año pasado, con la que se busca eliminar de los registros de las centrales de riesgo a las personas que cancelen la totalidad de sus deudas con entidades públicas o privadas.

Con votación 9-0 finalizó la sesión en la que el magistrado Alejandro Linares Cantillo expuso sus argumentos en pro de avalar la iniciativa. Aunque todos los jueces concordaron en que es pertinente decretar esta ley, Jorge Enrique Ibáñez Najar, Antonio José Lizarazo y José Fernando Reyes aclararon algunos aspectos de su voto para aspi ajustar el documento.

Si el presidente Iván Duque aprueba esta norma, serían entre siete y ocho millones de personas las beneficiadas. Uno de los puntos más importantes que se propone en el documento es la amnistía por única vez para los deudores que paguen sus deudas en un plazo de doce meses contados a partir de la fecha en la que la ley entre en vigencia.

Así mismo, quienes deban menos del 15 % del salario mínimo serán avisados dos veces por la central de riesgo antes de reportarlos. Las comunicaciones se harían con 20 días de diferencia entre una y otra. Además, se propone que todo dato negativo caducará una vez cumplido el término de ocho años, contados a partir del momento en que entre en mora la obligación.

“Cumplido este término, el reporte negativo deberá ser eliminado. Esto no significa que la obligación prescriba”, explicó el senador David Barguil, quien fue ponente de la norma en el Congreso.

Entre los elementos novedosos de esta iniciativa se destaca que se prohíbe la consulta a las centrales de riesgo para otorgar un empleo. Además, contempla que las centrales de riesgo diseñen una aplicación digital y gratuita de acceso público para que los titulares reciban alertas al momento de adquirir nuevas obligaciones, esto para mitigar el riesgo de suplantaciones.

A pesar de estos beneficios, y de que incluso la Procuraduría General de la Nación ya afirmó que la ley es constitucional, ciertas entidades no recomiendan que el presidente Duque la sancione, entre estas el Banco de la República y la Superintendencia Financiera, que aseguran que esto traería un riesgo para el sistema financiero del país.

El banco aseguró que al eliminar de las centrales de riesgo la información de los deudores, se generaría “una cultura del no pago” que “tendría efectos perjudiciales sobre el acceso al crédito de la población”. Consideraron que esto sería una dificultad para las entidades financieras, ya que tendrían que diferenciar entre quienes tienen buena capacidad de pago y quienes no y que “representa un alto riesgo de pérdidas para los establecimientos de crédito y sus depositantes”.

Por otro lado, la Superintendencia advirtió una posible “inestabilidad jurídica”, pues “envía un mensaje inequívoco a la población al suponer que se recibirán beneficios por no cancelar sus deudas atrasadas”, estimulando la cultura del no pago de la cual también habla el Banco de la República.

La Superintendencia expuso casos como el de Chile, que otorgó amnistías para los deudores y el resultado de ello fue que, “aumentó el incumplimiento para los no morosos” y señaló que lo mismo sucedió en Tailandia, y esto derivó en un mayor crecimiento de la cartera a empresas porque la medida no incentivó que las personas adquirieran más créditos.

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