Ratifican medida de aseguramiento contra Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador del Cesar

El Tribunal Superior Judicial de Bogotá revisó un recurso de oposición interpuesto por el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, que pretendía reversar una medida de aseguramiento en su contra, solo para terminar ratificando la decisión inicial. La refrendación fue anunciada este lunes 23 de agosto en la noche por la misma seccional de justicia.

Hay que recordar que la captura preventiva fue impuesta porque Monsalvo está involucrado en presuntas irregularidades presentadas en un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) firmado en 2015 en Cesar. En ese momento el político también se desempeñaba como primer mandatario departamental y habría causado un detrimento patrimonial por encima de 3.172 millones de pesos.

Teniendo eso en cuenta fue que el Tribunal Superior Judicial de Bogotá decidió ratificar la orden de aseguramiento. El magistrado que lleva el caso argumentó que Monsalve, al administrar el gasto público en el Cesar actualmente, podría usar su posición para volver a incurrir en dicho delito.

Una vez se conoció esta información, la Gobernación del Cesar emitió un mensaje en redes sociales en el que asegura que la medida de aseguramiento no equivale a una condena. Así mismo, sostuvo que Monsalve es inocente y la defensa se está encargando de reunir pruebas de esto.

Es importante recordar que este caso ya había tenido avances en julio, cuando la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia había imputado los delitos de apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales en contra del gobernador. En ese momento los cargos no fueron aceptados por Monsalve y se pidió casa por cárcel.

De acuerdo con el ente investigador, el contrato que firmó Monsalvo Genecco en su primer periodo frente a la Gobernación del Cesar tuvo un costo por encima de 17.140 millones de pesos y debía ejecutarlo el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo. Se dio un plazo de ejecución de 59 días que no fueron cumplidos, y ahí empezaron todos los problemas.

Luego la Fiscalía identificó nueve inconsistencias como sobrecostos, falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación. Todo esto habría causado el mencionado detrimento del patrimonio que supera los 3.000 millones de pesos.

Después de esto se anunció que sería el Tribunal Superior de Bogotá el que estudiará la petición de medida de aseguramiento en contra del gobernador, como órgano director de las audiencias concertadas. Todo esto desencadenó en la orden de aseguramiento y su posterior ratificación.

Sin embargo, no es la primera vez que el actual gobernador debe ser suspendido del cargo. En julio de 2020, la Corte Suprema de Justicia solicitó al presidente Iván Duque suspenderlo por una condena que emitió ese alto tribunal en su contra por 61 meses y 16 días de prisión por presunta corrupción al sufragante.

La sentencia generó un revuelo político en el departamento, no solamente porque afecta a uno de los clanes políticos más poderosos, sino porque requería que el partido de La U, Cambio Radical y Liberal que avalaron su candidatura para el cargo, enviaran una terna para su reemplazo.

La medida fue apelada y en septiembre de 2020 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tumbó la sentencia que condenó al actual gobernador, lo dejó en libertad, y este volvió a su cargo. Ahora deberá abandonarlo otra vez mientras sigue su investigación por otros presuntos delitos de corrupción.

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