Karen Abudinen, jefe del Ministerio TIC, cumplió este martes con la primera citación a un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado de la República donde entregó más detalles de lo que ha sucedido con el contrato, presuntamente utilizado para corrupción, por parte de los contratistas de la Unión Temporal Centros Poblados.
La ministra señaló que el proyecto se estructuró desde 2018 y estuvo a cargo del entonces viceministro de la cartera, Iván Mantilla, que ahora es exfuncionario, y el director de infraestructura Camilo Jiménez. Así mismo se contrató a SES Colombia SAS para que revisara los riesgos garantías y pólizas de los contratos para los recursos de más de 2.1 billón de pesos.
“El entramado de los contratistas y el entramado de esta trampa tiene que llegar hasta las últimas circunstancias. Que el que hizo esto pague por lo que hizo”, sostuvo Abudinen quien agradeció a la Fiscalía y a la Procuraduría por adelantar las diligencias correspondientes para conocer qué sucedió con el anticipo de 70.000 millones de pesos que se entregaron de anticipo a Centros Poblados.
“Lo más importante es la conciencia y aquí le quiero decir al país que tengo toda la tranquilidad de que, como ministra hicimos, o hicimos dentro del Ministerio, los controles que se debían hacer para que una situación de una red de tramposos no llegara, pero desafortunadamente nos engañaron”, aseguró.
De acuerdo con Abudinen la habilitación se basó en el contratista que ofreciera “más centros, más velocidad y más tiempo” y bajo esos criterios se calificó a cada uno de los aspirantes. “Aquí ganaba quien tuviera una mejor oferta económica, no quien me diera mejor calidad”, afirmó la ministra.
En ese sentido ganó la Unión Temporal Centros Poblados, que según la periodista Paola Herrera, que reveló las irregularidades, ofreció la construcción de 7.277 centros de conexión a internet por poco más de 1 billón de pesos, la mitad del contrato, pero más centros que el otro contratista ETB.
“Nosotros no entregamos 70.000 millones de pesos al contratista, se desembolsó 70.000 millones de pesos a la fiducia, nosotros no pagamos a los contratistas. Hubo un desembolso que se hacía con el perfeccionamiento del contrato, la ley permite hasta el 50%, y ese anticipo fue del 6.2% y fue a la fiducia”, aseguró la ministra TIC.
Abudinen describió cada uno de los contratistas que integraron la Unión Temporal Centros Poblados y afirmó que los dos principales con el 35% de la participación, como son la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, junto a ICM Ingenieros SAS tienen varios contratos públicos en municipios del país. Así mismo Omega Buildings e INTEC de la Costa SAS.
“Y no solamente han engañado al Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones, yo les quiero decir, no solamente han engañado al ministerio, son más de 4 billones de pesos que hoy han estado en manos de estos delincuentes, porque realmente alguien que le presenta una garantía falsa a una entidad, no se puede llamar diferente”, señaló la ministra.
La ministra afirmó que la caducidad del contrato por 1 billón de pesos que tenía ese consorcio con el MinTIC configura una sanción para que los demás contratos que tienen las compañías que lo conformaron tengan que ceder los contratos públicos a otras empresas. Omega Buildings, por ejemplo, tiene contratos en Medellín y Corozal por mil y 3 mil millones de pesos respectivamente.
Abudinen mostró los registros de Cámara de Comercio de cada una de las empresas de la Unión Temporal Centro Poblados, para argumentar ante los senadores de la Comisión Sexta que habían acreditado capacidad financiera para responder por el contrato. Aunque hay empresas que mostraron un crecimiento en miles de millones en menos de un año.
Aunque la ministra Abudinen anunció varias veces respuestas respecto a la experiencia de la Unión Temporal Centros Poblados para ganar la licitación sobre otros contratistas participantes como Claro o Tigo con amplio desarrollo en el sector del contrato, no concluyó sus palabras. Aún así, ese consorcio que llamó “delincuentes” durante su exposición pasó todos los controles técnicos, jurídicos y logró el mayor puntaje posible en su propuesta.
Abudinen aseguró que serán los entes de control los que entreguen los nombres de los contratistas que “engañaron” al Ministerio, en medio de las investigaciones que se han abierto en torno al anticipo de 70 mil millones de pesos y el incumplimiento del contrato. Así mismo argumentó que hay control disciplinario dentro de la cartera, pero afirmó que la garantía de falsa de Itaú que presentó el consorcio fue aceptada bajo la buena fe, y por esta deberá responder el asesor de interventoría.
La ministra sostuvo que el desembolso del anticipo tuvo que ser aprobado por el Comité Fiduciario, conformado por un representante del contratista, representante del Fondo Único del MinTIC, director de la interventoría, delegado de la fiduciaria BBVA, y un representante de la entidad bancaria emisora de la garantía de cumplimiento.
“Yo he sido atacada, he sido maltratada, me han dicho de todo y aquí estoy poniendo la cara”, afirmó la ministra quien aseguró, además, que desde esa cartera han trabajado con “amor y pasión” por el bienestar de los colombianos.
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