La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló cifras preocupantes relacionadas a la violación de derechos humanos contra los firmantes del Acuerdo Final de Paz. Este 24 de agosto, en medio de un encuentro organizado por la entidad en Popayán (Cauca), se reveló que desde 2017 a la fecha han asesinado a 283 exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
La información fue entregada por Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, quien aseguró que el suroccidente colombiano es una de las zonas que reporta mayor riesgo. Los departamentos con el panorama más preocupante son Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
“Podemos concluir que esta región del suroccidente colombiano es una de las más peligrosas para los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc, porque más de la tercera parte de los crímenes ocurridos desde el año 2017 al 13 de agosto de este año se han cometido en esta zonas.”, dijo Álvarez Santoyo.
En esta zona, el municipio que más preocupa a la JEP es Tumaco (Nariño), pues registra 18 exguerrilleros asesinados en el periodo mencionado por el director de la UIA. En la lista siguen Cali, en el Valle del Cauca, con ocho asesinatos; y tres municipios de Cauca: Argelia con ocho, Caloto con siete, y Buenos Aires y Santander de Quilichao con seis.
Con esta tendencia, Cauca es el departamento que reporta mayor riesgo, pues de todos los firmantes del acuerdo asesinados, 104 habitaban allí. Además, en la actualidad 2.500 exFarc viven y hacen su tránsito a la vida civil en esta región del país. Allí hay cinco Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), entre los que resaltan el ubicado en el municipio de Buenos Aires, llamado Carlos Patiño, y el de Miranda, llamado Dagoberto Ortiz. Además, en el departamento hay 27 Nuevas Áreas de Reincorporación.
“Si se compara la tasa de muertes de antiguos insurgentes en esta región (5.28 por ciento ) con la de todo el país (2.59 por ciento ) hasta la fecha, se puede decir que en esta zona la proporción de asesinados es 104 por ciento más alta”, señaló el director de la UIA.
El mecanismo de justicia asegura que esta alta tasa de asesinatos se ha incrementado debido al accionar criminal de organizaciones ilegales. Aseguran que en el suroccidente hacen presencia las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y grupos narcoparamilitares como Los Pelusos, Los Rastrojos, La Constru y el cartel Sinaloa - La Mafia.
De hecho, en Cauca, aunque solo fue posible identificar al 25 por ciento de los presuntos responsables de los crímenes, todo apunta a que las disidencias tienen mayor responsabilidad por los hechos. A ellos le siguen el ELN y Los Pelusos.
La JEP atribuye esta situación a que los grupos armados quieren controlar las zonas donde antes andaban los exFarc y quedarse con las rutas de narcotráfico. Señalan que estos crímenes y en general el recrudecimiento de la violencia no ayuda a generar confianza en el Acuerdo Final de Paz.
“Los altos niveles de violencia contra excombatientes que han dejado sus armas en virtud de lo acordado, es un mal precedente para otros procesos de paz en Colombia y para el mundo que tiene sus ojos puestos en la implementación de este proceso”, aseguró la magistrada Reinere Jaramillo, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP.
Teniendo esto en cuenta, el mecanismo de justicia asegura que ya ha emitido alrededor de 140 decisiones judiciales dirigidas a “buscar la protección de la vida e integridad de los comparecientes forzosos”. Algunas de las órdenes adoptadas e implementadas involucran a la Unidad Nacional de Protección para completar el programa de escoltas en los ETCR y al Ministerio de Defensa para que brinde apoyo a la Fiscalía General de la Nación al momento de acudir al lugar de los hechos denunciados por los reincorporados. Así mismo se le pidió a la Defensoría del Pueblo refuerce el Sistema de Alertas Tempranas, encaminadas a prevenir las situaciones de riesgo.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP asegura que a los firmantes del Acuerdo Final de Paz, como a cualquier otro ciudadano, se les debe garantizar el derecho a la vida, pero además, al ser comparecientes ante el mecanismo de justicia, de ellos depende el derecho de las víctimas a la verdad, por eso resulta tan importante su protección.
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