El excandidato presidencial de Colombia y jefe negociador del Acuerdo de Paz, Humberto de la Calle, y el excomisionado de Paz, Sergio Jaramillo, rechazaron este martes la propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre una amnistía general en el país.
A través de una carta, los exnegociadores del Gobierno con la desmovilizada guerrilla de las FARC expresaron su desacuerdo con esta propuesta del exmandatario, argumentando que esta medida atentaría contra los derechos de las víctimas del conflicto armado, población priorizada en el Acuerdo Final de Paz firmado en La Habana.
“Una amnistía general como propone Álvaro Uribe daría al traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones. Y con los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”, expresaron De la Calle y Jaramillo en la misiva.
En ese sentido, indicaron que la discusión acerca de una amnistía concluyó en 2012, cuando se debatió en el Congreso la necesidad de buscar un equilibrio entre la idea de facilitar la terminación del conflicto y generar mayores garantías a los derechos de las víctimas, que condujo en la expedición del acto legislativo No. 1 de 2021 llamado “Marco Jurídico para la Paz”.
Esta norma constitucional, señalaron los firmantes, permite la selección de los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad para sean investigados y juzgados, a la vez que autoriza la “renuncia condicionada a la acción penal”, para aquellos no sean seleccionados.
Asimismo, indicaron que en las negociaciones con la desmovilizada guerrilla se pactó la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que pretende asegurar la satisfacción de los derechos de las víctimas, “combinando instrumentos judiciales con extrajudiciales”, señalando que cualquier discusión sobre impunidad en una transición de paz tiene que partir de la satisfacción de estos derechos.
En ese sentido, aseguraron que antes no se había presentado un escenario en el que excombatientes y miembros de la fuerza pública comparecieran ante un tribunal y reconociera su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del conflicto armado.
“La propuesta de Álvaro Uribe de una amnistía general pretende derrumbar este edificio que Colombia ha construido con tanta dificultad. Los primeros damnificados, además de las víctimas por supuesto, serán los miembros de las Fuerzas Militares y otros agentes del Estado que participan hoy del proceso transicional y que verán como se esfuma con esta propuesta su seguridad jurídica”, expresaron en la carta.
De igual forma, aseguraron que en los acuerdos quedó explícito que los expresidentes no estaban obligados a comparecer, sin embargo, señalaron que esto no quería decir que Uribe no podía ni debía contribuir con la satisfacción de los derechos de las víctimas ante las entidades del Sistema Integral de Verdad que busca esclarecer lo que ocurrió en el conflicto armado.
“Lo invitamos a elevar el ancla de la polarización, que tiene a Colombia atrapada en el pasado, y moverse de manera genuina hacia la reconciliación. Lo mismo debería hacer la izquierda, ahora que Petro se une a a las voces de apoyo a la amnistía general. En lugar de estar promoviendo la impunidad, deberían estar acudiendo a la Comisión de la Verdad o, si es el caso, a la JEP, a explicar, por ejemplo, la relación entre el Partido Comunista Colombiano y los crímenes cometidos por las FARC”, concluyeron.
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