General Mario Montoya pidió permanecer en la JEP por caso de falsos positivos

Tanto la Fiscalía General de la Nación como la Jurisdicción Especial para la Paz adelantan investigaciones en contra de Mario Montoya por su responsabilidad en la ejecución de personas civiles que fueron presentadas como bajas en combate. Aunque las instituciones dicen que no existe un conflicto de competencias, el general en retiro manifestó que prefiere quedarse en el tribunal especial.

Pocas horas antes de que este miércoles 25 de agosto se cumpla la audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía en contra de Montoya, el general, a través de su apoderado, expuso a la JEP que la justicia competente para resolver sus investigaciones sería allí.

A través de su abogado Andrés Garzón Roa, el general en retiro solicitó a los magistrados de la JEP que establezcan un conflicto de competencias con el Tribunal Superior de Bogotá donde se citó la audiencia de imputación, con el fin de determinar que el proceso es exclusivo de la justicia especial.

De acuerdo con el diario El Espectador, la petición del abogado se basa en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2017 en la que se afirmó que la Fiscalía está excluida de adelantar medidas de aseguramiento, órdenes de captura, interrogatorios en casos que haya asumido la JEP.

Además, el acto legislativo 01 de 2017 establece que la Jurisdicción Especial para la Paz conocerá de manera preferente y exclusiva las conductas cometidas antes del 1° de diciembre de 2016 por causa, ocasión o en relación con el conflicto armado, tal como es el caso del general Montoya.

El abogado de Montoya señala que “es evidente que la Jurisdicción Ordinaria carece de competencia para resolver la situación jurídica del señor Montoya, situación que atenta en contra de la garantía constitucional”, por lo que concluye: “Solicito de manera respetuosa a la Jurisdicción Especial para la Paz que plantee ante la Corte Constitucional el respectivo conflicto positivo de competencia para que esta resuelva de fondo la evidente competencia prevalente de esta sobre la Jurisdicción Ordinaria”, según citó la revista Semana de la comunicación del representante del general en retiro.

El fiscal general Francisco Barbosa aseguró a ese medio de comunicación que el ente acusador llegará hasta la etapa procesal más alta que permita el conflicto entre las jurisdicciones, por lo que solamente podría vincularlo a una investigación e imputarlo, pero no entrar en etapa de juicio.

Si los magistrados de la JEP se acogen a la petición de la defensa del general Montoya Uribe, será la Corte Constitucional la que resuelva el conflicto de jurisdicciones que hasta el momento se ha mantenido sin alegatos judiciales entre las dos instituciones de justicia.

El ente investigador de la justicia ordinaria sostiene que Montoya, como comandante del Ejército entre 2006 y 2008, desconoció la directiva 300-28 que expidió el Comando General de las Fuerzas Militares en 2006 y priorizó las bajas en combate, generando incentivos para las unidades que presentaran mayor número de guerrilleros muertos.

La investigación de la Fiscalía apunta a que ese modelo que instauró Montoya Uribe, supuestamente en contra de lo que ordenaban sus superiores, habría auspiciado el homicidio de 104 civiles, entre los cuales hay cinco menores de edad. Ellos fueron presentados como bajas en enfrentamientos, pero en realidad fueron asesinados en estado de indefensión y no pertenecían a ninguna organización criminal.

Aunque las imputaciones en la Fiscalía y en la JEP contra Montoya son similares, el presidente del tribunal especial Eduardo Cifuentes manifestó en El Tiempo que las investigaciones del ente acusador son los principales insumos para sus procesos, por lo que no habría un conflicto de competencias entre ambos.

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