Actividades ilegales de inteligencia tuvieron su pico máximo en el gobierno Uribe, señala informe presentado a la JEP

Este martes 24 de agosto, la Corporación Jurídica Libertad y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, presentaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe, “Desde el Reino de las Sombras: Actividades Encubiertas e Ilegales de la Inteligencia Estatal contra la Democracia y los Derechos Humanos en Colombia”.

Este documento da cuenta de las conductas ilegales llevadas a cabo por los altos mandos militares y de gobierno al interior de las fuerzas de seguridad estatales como el extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, actualmente Dirección Nacional de Inteligencia – DNI, e Inteligencia del Ejército Nacional en el periodo de tiempo de 1989 a 2016, durante el cual se pudo evidenciar una línea de continuidad del uso ilegal de la inteligencia estatal, a cargo del área de inteligencia del Ejército, lo que significó la continuidad del accionar del DAS e incluso, del BINCI.

El informe aborda el uso ilegal de la inteligencia y contrainteligencia estatal por parte de las Fuerzas Armadas y Agencias de Seguridad como estrategia operacional y política de los gobiernos de este periodo, para la vulneración de derechos fundamentales y de derechos humanos en contra de un “enemigo interno”, como eje de planeación y ejecución de la política de persecución y exterminio del movimiento social, de oposición, periodismo independiente o contrapoder, sindicalismo y sectores de izquierda en Colombia.

Con la entrega del informe ante la JEP, “se pretende dar a conocer las conductas abordadas por las Fuerzas Armadas y Agencias de Seguridad del país, en donde se evidencia una persecución sistemática y generalizada, en relación a la masividad en la comisión de las violaciones a derechos en el número de personas afectadas; la posibilidad de enmarcar la comisión de estos hechos dentro de un periodo de tiempo; el grado de planeación por parte de los perpetradores de las violaciones en toda la estructura de mando de las agencias estatales y unidades militares bajo estudio; finalmente, el nivel de vulnerabilidad de las víctimas y el gravísimo impacto de las violaciones en las personas y comunidades afectadas, con absoluta garantía de impunidad sobre conductas a las que se le impone al Estado colombiano el deber de perseguir y sancionar”, señalaron estas organizaciones.

Aseguran además, que la persecución y exterminio de grupos a través del uso de inteligencia y contrainteligencia ilegal, que sigue siendo una política vigente, se ha dado por la concurrencia de diferentes conductas relacionadas con los delitos de ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria; homicidio; desaparición forzada; tortura; tortura psicológica, entre otras, a través de la adquisición de los medios humanos, técnicos y tecnológicos, con el fin de vincular falsamente las actividades de los blancos políticos, objeto de las operaciones de inteligencia, con actividades subversivas específicamente de grupos guerrilleros como las ex FARC – EP y el ELN, por representar una posición crítica de contrapeso para la estabilidad del modelo económico y político del actual gobierno colombiano.

Para los organizaciones de derechos humanos que participaron en la realización de este informe, “es muy importante poner en evidencia ante la JEP y la sociedad en general, la responsabilidad de los superiores jerárquicos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, señalando a los directivos, subdirectivas y asesores del DAS nombrados por Álvaro Uribe, junto con ministros de defensa, fiscales, asesores presidenciales, secretarios de gobierno entre otros, relacionados con los dos periodos de gobierno del expresidente y de la misma forma, los militares nombrados en altos cargos, por este mismo, involucrados en escándalos de uso ilegal de inteligencia en relación a graves violaciones de derechos humanos que incluyen los casos de los casos de ejecuciones extrajudiciales de este mismo periodo de gobierno”.

Piden además a la JEP, la apertura de un caso específico sobre el uso ilegal de la inteligencia y contrainteligencia Estatal en el marco del conflicto armado, atendiendo a su papel fundamental en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia.

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