Por el delito de maltrato animal fue imputada Maggia Alejandra Jaramillo Posada, representante legal de la fundación ‘Bulldog Al Rescate’, un lugar en el que, supuestamente, brindaban protección y cuidado animal a perros rescatados, el lugar quedaba ubicado en Ubaté (Cundinamarca). De acuerdo con las pruebas recogidas por los investigadores, esta mujer habría albergado varios perros en condiciones precarias.
Múltiples visitas realizadas por las autoridades locales dan cuenta de graves omisiones en la mantención y asistencia de los animales, circunstancias que serían la causa de la muerte de algunos. En las inspecciones se encontraron caninos en evidente deterioro físico y deshidratación, zonas sucias, descuido en los horarios de alimentación y pulgas, entre otros factores que inciden negativamente en la salud de los animales.
Además, entre una y otra visita se detectó una disminución en el número de animales sin que existiera trazabilidad de adopciones o explicaciones sobre esas ausencias. Algunas personas que recorren el sector denunciaron lo que ocurría e indicaron que vieron a varios animales morir debido al alto grado de desnutrición y el mal estado en el que permanecían.
Inclusive, los vecinos recogían firmas a través de la plataforma ChangeOrg con el fin de que las autoridades cerraran el lugar pues estaban cansados de ver cómo maltrataban a los animales.
“Solicitamos a las autoridades competentes su intervención inmediata, sin dilatación ni demora de la incautación, revisión y protección de los animales que esta persona aun tiene bajo su custodia en condiciones verdaderamente precarias, exponiéndolos en peligro de muerte, maltrato y tortura como ha sucedido con varios otros perros de los cuales hay evidencia”, describieron los solicitantes en la petición.
“Exigimos la aceleración de la investigación de los hechos denunciados en la Alcaldía de Ubate y que permitieron el retiro de 10 animales de raza bulldog de los mas de 30 que se sabe tenia y que hoy día no hay información de cuantos murieron y bajo que razón, así mismo cual fue la disposición de los cuerpos. Las condiciones de vida de estos animales son infrahumanas”, confirmaron los vecinos.
Adicional, se aseguró en la petición que, los animales vivían en condiciones insalubres, sumergidos entre el barro, con heces fecales, adicional que vivían en instalaciones incapaces, sin drenajes, sin protección completa de la inclemencia climática, humedad constante, hacinamiento. También se presentaron condiciones de tortura al estar amarrados, sin poderse echar, levantar, girar, resguardarse, partos sin asistencia veterinaria, siendo animales braquicéfalos, los cuales deben ser manejados por medio de cesárea.
La Fiscalía determinó que la señora Maggia Alejandra Jaramillo, al parecer, falló en la posición de garante que tenía y omitió salvaguardar la vida e integridad física y emocional de los caninos. Adicional la institución solicitó a la ciudadanía que si conoce algún caso de maltrato animal lo denuncie llamando a la línea celular 122, la línea nacional gratuita 018000 91 97 48 y en Bogotá al 5702000 (opción 7).
Bogotá comenzó a implementar la prohibición de la venta de animales vivos en plazas de mercado:
En la plazas de mercado de Bogotá y en su espacio público aledaño quedó prohibido el comercio de animales vivos, luego de que entrara en vigencia el acuerdo del Concejo Distrital 801 de 2021 con el que se vetó esa practica.
En la página de la Alcaldía de Bogotá informaron que para garantizar su cumplimiento se llevaron a cabo operativos de inspección, vigilancia y control que realizaron de forma conjunta la Secretaría de Gobierno, el Instituto para la Economía Social (Ipes) y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idipyba).
“El trabajo y liderazgo de estos concejales ha permitido que Bogotá avance en un solo año en temas de protección animal, más que varias décadas. Seguiremos adelante y vigilantes del cumplimiento de este Acuerdo por la protección y bienestar de nuestros animales”, destacó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, quien recordó que se trata de seres vivos y sintientes, no mercancías.
En la Alcaldía de Bogotá recordaron que quienes infrinjan la normativa podrían recibir una multa que oscilan entre los 244.000 y 969.000 pesos, la suspensión temporal de la actividad económica e incluso escalar hasta el cierre definitivo del establecimiento, si hay reincidencia en esa practica en la que hay maltrato animal.
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