La guerra interna de los indígenas de la Sierra Nevada que podría llevar a un gobernador a la cárcel

Un capítulo más se va a escribir en medio del conflicto interno por el que atraviesa el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este lunes 23 de agosto, en horas de la mañana, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos a Zarwawiko Torres Torres, en el Palacio de Justicia de Valledupar, Cesar, por el delito de fraude procesal. La petición será que al hombre se le imponga medida de aseguramiento en centro carcelario.

El origen del ‘lío’ entre los arhuacos se remonta hasta agosto del 2020, cuando Zarwawiko fue nombrado como cabildo gobernador de la comunidad, obteniendo los votos de 19 de los 60 asentamientos. La decisión despertó polémica en medio de los nativos, pues, en su momento, muchos consideraron que este no estaba preparado para el cargo.

Históricamente, dicho resguardo indígena se ha caracterizado por el consenso en las decisiones que se toman, sin embargo, este no fue el caso. Más allá de las protestas por la elección de Torres, el caso se dio a conocer a través de una tutela, en la cual se argumentó que la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM) del Ministerio del Interior, vulneró el derecho a la participación política y a la igualdad, tras acatar el nombramiento de Zarwawiko. Además, los opositores resaltaron que el proceso no fue legítimo, y que no se respetó el debido proceso.

En enero del 2021, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar expidió un acta en la cual confirmó que las decisiones del resguardo indígena competen exclusivamente a sus organismos propios, encabezados por la Asamblea, y que adquieren mayor relevancia cuando se trata de elegir a su autoridad mayor, que es el Gobernador del Cabildo. Pero en ese documento también se puso en duda la legitimidad en la elección de Torres Torres.

“No se encuentra prueba alguna que permita tener certeza de que el proceso de elección llevado a cabo y que concluyó con la elección de ZARWAWIKO TORRES TORRES como gobernador cumplió con las tradiciones, usos y costumbres de esta etnia, máxime que se advierte que del total de 60 asentamientos que conforman el Pueblo Arhuaco, solo participaron 19 de ellos en el referido proceso electoral”, se lee en la comunicación.

El mandatario se defendió hace algunos meses de quienes tildan su elección como fraudulenta, y aseveró que lo que hay es una negativa al cambio de un sector del resguardo que ha permanecido en el poder durante muchos años. Del mismo modo, señaló que durante su mandato ha prevalecido la inclusión y la apertura al diálogo:

“Nosotros no nos elegimos por votos, el que escoge a los candidatos es el pueblo y luego en una asamblea general se designa a quien además debe tener el respaldo espiritual de los mamos. Cuando a mí me eligieron la petición de los mamos fue la unidad política y territorial de nuestro pueblo, y es lo que he venido haciendo”, puntualizó en declaraciones recogidas por El Heraldo.

Una de las acusaciones más graves en contra del gobernador están relacionadas con presuntos abusos sexuales contra menores de edad en el resguardo, los cuales fueron denunciados por las arhuacas a través de un comunicado, luego de conocerse el nombramiento: “Nos entristece que los perpetradores de violaciones sexuales sean los que se conviertan en las autoridades políticas de nuestro pueblos, como es el caso de Zarwawiko Torres, quien pese a violar nuestra ley de origen abusando sexualmente de menores, se proclama cabildo gobernador. ¡Esto es muy desalentador y preocupante!”, manifestaron.

Posteriormente, el grupo de mujeres asegura que, en el 2001, Zarwawiko violó a una menor de 11 años y a su propia hermana, lo cual definen como “una relación incestuosa que dio como fruto un hijo, prueba irrefutable de que el hecho ocurrió”.

Algunos sectores del resguardo también lo acusan de corrupción, pues, al ser gobernador, ha tenido acceso a EPSI Dusakawi, que brinda atención a las comunidades indígenas. Asimismo, los denunciantes manifiestan que Torres ha llevado a cabo contratos con empresas de servicios falsas y que ha desviado los recursos, comportamiento que estaría trayendo un pobre sistema de atención sanitario a las comunidades.

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