La grave situación de seguridad que se reporta en el occidente de Colombia tiene en alerta a las diferentes instituciones del Estado, por el riesgo a los que se están expuestos distintas poblaciones. Unos de los más afectados son los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), por lo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocará a una audiencia este martes 24 de agosto en Popayán (Nariño) para revisar las medidas cautelares para garantizar la vida de estas personas.
La audiencia fue convocada puntualmente por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que asegura que a los firmantes del Acuerdo Final de Paz, como a cualquier otro ciudadano, se les debe garantizar el derecho a la vida, pero además, al ser comparecientes ante el mecanismo de justicia, de ellos depende el derecho de las víctimas a la verdad, por eso resulta tan importante su protección.
“Ante la grave condición de seguridad que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP realizará este martes 24 de agosto en Popayán una audiencia de seguimiento para conocer el estado de las medidas cautelares que adoptó en 2020 para garantizar la vida y seguridad de los comparecientes de las Farc y el derecho de las víctimas a la verdad. (...) Cada vez que se silencia a los comparecientes se vulneran sus derechos y los de sus familias, pero también se priva a los colombianos de la verdad y una fuente de reparación”, dijo el mecanismo a través de un comunicado de prensa.
Además del personal de la JEP, se espera que asistan a la audiencia los gobernadores de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, el consejero presidencial para la Estabilización, el Ministerio de Defensa y el jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP). Además, se convocó a entidades estatales como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y al director de la Agencia Nacional de Reincorporación.
La JEP asegura que durante la reunión se espera revisar y ajustar medidas que permitan mejorar el funcionamiento de los programas en materia de seguridad para que se articulen interinstitucionalmente las instancias. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ha insistido en que es un deber de la JEP trabajar por prevenir y evitar daños irreparables al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral para la Paz.
El mecanismo de justicia manifiesta preocupación porque realizó un análisis en el que se evidencia un incremento de muertes violentas de excombatientes. La cifra asciende a por lo menos 276 asesinatos de exFarc en todo el país, de las cuales, 96 han ocurrido en Nariño, Valle del Cauca y Cauca.
De los mencionados departamentos, Cauca es el que reporta el mayor número de asesinatos, con 48 víctimas. El mecanismo de justicia señala que es importante reforzar las medidas de protección de los excombatientes en el territorio porque allí habitan aproximadamente 2.500 de ellos.
Los firmantes del acuerdo en Cauca hacen su tránsito a la vida civil en esta región del país en cinco Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), entre los que resaltan el ubicado en el municipio de Buenos Aires, llamado Carlos Patiño, y el de Miranda, llamado Dagoberto Ortiz. Además, en el departamento hay 27 Nuevas Áreas de Reincorporación.
La JEP atribuye esta situación al recrudecimiento de la violencia en el país. Este problema está asociado con la presencia de grupos armados que quieren controlar las zonas donde antes andaban los exFarc y quedarse con las rutas de narcotráfico.
“La disputa por el control de los corredores estratégicos, el poder de los grupos de narcotráfico y las disidencias de las Farc, entre otros factores, son fuente de riesgos no controlados que ameritan mayores esfuerzos de las autoridades con funciones de garantías de seguridad”, advirtió la Sección a través de un comunicado de prensa.
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