Este domingo fue capturado, después de cinco años prófugo, el patrullero en retiro de la Policía Wilmer Antonio Alarcón Vargas, el asesino de Diego Felipe Becerra. Con él, tras diez años del crimen, inicia una nueva etapa procesal pues la familia sostiene que el homicidio fue un falso positivo urbano.
Así, con el nombre popular de uno de los crímenes más documentados de la fuerza pública en el conflicto armado, definieron Liliana Lizarazo Flórez y Gustavo Arley Trejos, padres de Diego Felipe, el homicidio de su hijo en una tutela con la que buscaron revivir el proceso disciplinario en la Procuraduría en contra de los altos mandos de la Policía que habrían intervenido en la alteración de la escena del crimen para hacer pasar a su hijo como un ladrón.
Pese a los obstáculos de la investigación, la absolución de altos mandos policiales por la Procuraduría y el paso por un mes del expediente a la Justicia Penal Militar; el 19 de agosto de 2016, cinco años después del crimen, el patrullero Wilmer Antonio Alarcón Vargas fue condenado a 37 años y 6 meses de prisión como autor del homicidio de Becerra Lizarazo.
Sin embargo, según contó Gustavo Trejos al diario El Tiempo, el patrullero, que había sido capturado en 2013, fue dejado en libertad antes de leer la sentencia condenatoria, la audiencia se aplazó tres días y el asesino se fugó. En enero del año siguiente se confirmó la condena y el juez reiteró la necesidad de la captura.
No fue sino hasta cinco años después de la sentencia y 10 de la muerte, este 22 de agosto de 2021, cuando la Fiscalía y agentes del Gaula de la Policía capturaron a Alarcón Vargas en la ciudad de Yopal, Casanare, para que cumpla con la pena impuesta.
La familia de la víctima asegura que si el operativo no lo hubiera realizado el ente acusador, sino la Policía, nunca lo habrían capturado, pues desde el momento del crimen se ha tejido una intrincada estrategia para encubrir a un amplio grupo de uniformados que estuvo en los hechos y participó, posteriormente, de una falsa versión para decir que el patrullero Alarcón actuó en defensa propia.
Trejos, quien ahora es director Observatorio de Conflictividad y Derechos Humanos de Bogotá, pidió protección para el uniformado que disparó contra su hijo, porque es el que conoce cómo se construyó la alteración de la escena del crimen, se crearon falsos testimonios y quiénes participaron en acusar a su hijo como un delincuente tras ser víctima de homicidio.
El encubrimiento
Diego Felipe Becerra rechazó una salida a cine con sus papás para ir con sus amigos a pintar un grafiti. En esas estaba la noche del 19 de agosto de 2011, bajo el puente de la calle 116 con avenida Boyacá dejando grabada la imagen del Gato Félix, cuando fueron sorprendidos por policías.
Los jóvenes corrieron porque, como era común, los uniformados los golpeaban y les quitaban las pinturas. Pero el patrullero, entonces adscrito al CAI Andes, Wilmer Alarcón alcanzó a Diego Felipe y le disparó. El menor de entonces 16 años fue llevado a la Clínica Shaio con un disparo en el área lumbar de la espalda y un orificio en un hombro que le causaron la muerte después de llegar al centro asistencial.
Su padre llegó a la clínica y conoció el fallecimiento y un uniformado le dijo que había encontrado un arma. En la escena del crimen vio a los policías en una dudosa conversación y decidió alertar que había una alteración de los hechos, pues su hijo estaba pintando un grafiti, no era un criminal.
Según relató el fiscal 6° delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la investigación arrojó que los policías, al cometer el crimen, plantaron un arma cerca del cuerpo del Diego Felipe Becerra para acusarlo de atacar a los uniformados. Además, le crearon un perfil criminal como autor del hurto a un buseta de servicio público.
“Para tal efecto, habrían contactado al señor Jorge Eliécer Narváez conductor de un colectivo que, el 18 de agosto de ese año (es decir, el día anterior) había sido víctima de un atraco para que denunciara el hurto como ocurrido en la misma fecha del homicidio de Diego Felipe y reconociera al hoy occiso en imágenes de prensa como uno de los autores del ilícito lo que en efecto se hizo el día 22 de agosto”, relató el fiscal.
Ese día, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá difundió en medios de comunicación la falsa versión y Diego Felipe fue señalado como un ladrón. A parte de quitarle la vida, mancillaron su nombre y su honra para señalar que el asesino actuó en defensa propia.
Se abrió un proceso paralelo por falsa denuncia, fraude procesal y favorecimiento al homicidio. En medio de esa investigación, los análisis forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinaron que Becerra no tenía presencia de amonio, plomo ni bario, por lo que no portaba ningún tipo ni de arma blanca o fuego, como quisieron hacer ver los uniformados.
La Fiscalía determinó que ese 22 de agosto de 2011, el brigadier general Francisco Patiño Fonseca estuvo en el CAI del barrio 20 de Julio cuando Jorge Eliécer Narváez presentó la denuncia, así como presuntos contactos tanto con Wilmer Alarcón como con otros de los involucrados.
Todas esas responsabilidades que plantaron una falsa versión en contra de Felipe Becerra es lo que la familia del joven asesinado espera se pueda resolver con la captura del patrullero en retiro que disparó. Gustavo Trejos le dijo al diario El Espectador que antes de que plantaran el arma hicieron presencia cerca de 42 policías entre los que se encuentran seis coroneles, tres mayores, tenientes, personal de la Sijín, la Dijin, la DIPOL entre otros altos mandos.
Hasta el momento hay 21 personas individualizadas por el homicidio del grafitero, 13 están en proceso y solo cuatro están condenadas.
SEGUIR LEYENDO: