Miembro de la ‘Primera Línea’ es acusado de terrorismo por grabar durante el paro nacional

Han pasado varias semanas desde las múltiples manifestaciones que se presentaron en Colombia en el marco del paro nacional, que duraron más de 50 días y dejaron en evidencia los problemas políticos y sociales del país, además de muertos, heridos y espacios públicos y privados vandalizados.

La Policía, en el mes de julio, después de hacer un seguimiento a los miembros de la llamada ‘Primera Línea’, un grupo de resistencia física durante las protestas, capturó algunas personas y aseguró que su comportamiento en las manifestaciones estaba relacionado con el delito de terrorismo.

Dichas imputaciones han sido criticadas pues para muchos ciudadanos las acciones de este grupo como máximo podrían estar relacionadas con vandalismo y hacen énfasis en la diferencia, por la connotación de los crímenes y las condenas que se dan.

Entre los capturados en la ciudad de Medellín se encuentra Juan Fernando Torres, que los medios en su momento presentaron como alías ‘el narrador’ y que recibió este apodo de sus compañeros de la ‘Primera línea’, pues en muchas de las movilizaciones se encargó de grabar y contar en redes los enfrentamientos con la Policía.

Sin embargo, la Policía dio una interpretación diferente al actuar de este joven y señaló que transmitía en vivo por Facebook las “acciones terroristas” contra la fuerza pública y la infraestructura de la ciudad, por lo que según la institución esto equivale a la realización de múltiples actos de terrorismo y a impartir órdenes e instrucciones “para lograr mayor afectación a los bienes públicos y privados”.

De acuerdo con El Espectador, su abogado Mauricio Urquijo argumenta que Torres de 25 años, que es profesor de primaria recién graduado y que pertenece a una barra de Atlético Nacional, solo grababa los hechos.

“Lo que él hizo fue agarrar su teléfono, ubicarse en la zona de Primera Línea de las protestas y transmitir con su celular. En ocasiones, insultó policías y dio instrucciones para que las personas se protegieran de los gases, mientras animaba a sus compañeros. Ese fue su rol”, afirmó el abogado defensor, y aseguró que es muy probable que las redes sociales del joven hayan sido vigiladas previamente por la Policía debido a que Torres compartía publicaciones donde se burlaba de la institucionalidad.

Por otro lado, el penalista hizo énfasis en que la captura de su cliente no se dio de la forma adecuada, por la hora y que ingresaron a la residencia del acusado de forma arbitraria.

“Exhibieron armas largas delante de la niña (hermana del acusado)y, sin ninguna justificación, violentaron la puerta e ingresaron al domicilio en horario inusual, 5am. Nada de eso fue argumentado. La orden la dio el fiscal basado en un informante que decía que él vivía allá y hacía actos de terrorismo. Una orden de captura no es suficiente para ingresar al domicilio de una persona, se puede hacer efectiva por fuera del domicilio. No había ningún elemento que dijera que almacenaba elementos prohibidos en su domicilio. No se le incautó absolutamente nada”, agrega Urquijo.

Por ahora y pese a que no existen pruebas contundentes que lo puedan asociar a terrorismo, el joven espera a la sentencia. Este crimen, de acuerdo con el docente de la Universidad Libre, Luis Gonzalo Lozano, es “un delito de mayor entidad, que tiene una pena bastante considerable de 15 a 27 años aproximadamente de prisión y tiene tres condiciones: el ánimo de crear un estado de zozobra o pánico en la población o en un sector poniendo en peligro la vida, la integridad, los bienes”, explicó a Noticias Caracol .

En cambio, el delito de vandalismo, que es considerado un delito menor y que es relativamente nuevo para la jurisprudencia colombiana esta asociado al daño del bien público y enfrentamiento con la policía en el marco de la protesta social.

“En el marco de una protesta pacífica, que es un derecho, derecho de asociación, protesta pública y pacífica, unas personas dañen, atenten o destruyan bienes o privados, esa sería una modalidad y la otra sería que atenten contra los miembros de la fuerza pública y tiene una pena inferior a la del terrorismo, es de 6 a 8, pero también tiene una modalidad con mayor reproche y una mayor sanción de 8 a 10 años en los eventos donde la persona oculte la identidad y cuando los daños sean superiores a 500 salarios mensuales vigentes y también cuando se lleven armas o explosivos de fabricación casera”, puntualizó el docente.

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