Qué pasó en la masacre de Cajamarca en la que Uribe afirmó que fue “engañado por soldados”

En la vereda de Potosí, en el municipio de Cajamarca (Tolima), cinco personas murieron por tiros que les dieron miembros del Ejército Nacional el 10 de abril de 2004 en horas de la madrugada. Las primeras versiones sostenidas por los mismos militares que dispararon hablaban de que por la poca visibilidad que había en ese momento confundieron a Albeiro Mendoza Reyes, Yamile Urueña Arango, al menor Julio César Santana Gutiérrez de 14 años, a Norberto Mendoza Reyes y a Cristian Albeiro Mendoza Urueña, de seis meses de nacido, con guerrilleros.

Esta teoría fue reforzada por las autoridades que llegaron al lugar y que calificaron todo como un error, por el entonces comandante del Ejército, general (r) Carlos Ospina Ovalle y hasta por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

“Recuerdo que yo en su momento como defensor dije que no se trató de un error militar porque todos los indicios y las evidencias estaban indicando que no había sido un error militar. Luego ya se comprobaría que efectivamente al menos una de las personas fue ejecutada extrajudicialmente”, dijo a Infobae Colombia Reinaldo Villalba, el abogado de la familia Mendoza y quien enfrentó el caso por más de cinco años.

En Potosí no solo ocurrió la masacre, sino que como lo menciona Villalba, remataron a una persona que había sobrevivido a los disparos. El hombre fue Norberto Mendoza Reyes, uno de los hijos de Héctor Mendoza, el padre de dos de las víctimas y abuelo del menor de seis meses. Lo que se pudo comprobar fue que luego de disparar contra todas las personas, Norberto quedó vivo y avanzó un poco en el camino pero finalmente uno de los soldados le disparó para que no contara lo sucedido.

La teoría de que se había tratado de una confusión se intentó ocultar diciendo que la familia Mendoza Urueña había salido de su finca a llevar al bebé al hospital ya que estaba enfermo, sin embargo, periodistas y vecinos de Potosí cuestionaron el porqué los platos de comida de la familia estaban sin terminar, los animales no estaban amarrados y no se había asegurado la finca.

“No es usual en una familia campesina que se comen todo lo que se sirven por la misma necesidad de recuperar sus energías. Encontraron elementos del bebé y los animales sin amarrar. Todo esto indicaba que la familia salió abruptamente de su casa de un momento a otro (...) el Ejército planteó que la familia había salido porque el niño estaba enfermo y se habían ido todo, los que también es un poco extraño que todos se hayan ido y absolutamente nadie se quede en la casa”, recordó Villalba, quien todavía hace parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) que se encargó del caso en su momento.

El actuar del presidente Álvaro Uribe y de la cúpula militar

Dos días después del asesinato y cuando todo era materia de investigación, Uribe llegó a Potosí, Cajamarca. Desde el lugar visitó la zona donde quedaron los cuerpos y la casa de la familia Mendoza. El programa ‘Contravía’ en su momento recogió la visita que hicieron el entonces presidente de la República y su ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe a la zona y en la que hablaron con los militares que estaban en el lugar.

Estos le dijeron a Uribe que los hechos ocurrieron antes de enterarse que eran una familia, es decir, reiteraron que los soldados dispararon porque confundieron a las cinco personas con guerrilleros. Tras esto, Uribe se pronunció en una alocución presidencial en la que sacó la cara por la Fuerza Pública y dijo que no podía desconfiar de ellos, a pesar de los indicios que había de que todo se trataba de una mentira.

Para este momento las investigaciones seguían andando y fue en esas fechas que el Ccajar llegó a apoyar la labor jurídica - penal de la familia Mendoza, particularmente de Héctor, quien perdió a sus dos hijos en la masacre. De ahí en adelante, Álvaro Uribe no volvió a pronunciarse sobre los hechos ni sobre el proceso judicial que se extendió por ocho años.

Pero en el Congreso se citó un debate de control político en noviembre de 2004 al que asistió el ministro de Defensa y el comandante del Ejército, Carlos Ospina Ovalle, quien habia sido designado por Uribe en el cargo ese mismo año y en el que duraría hasta 2007. “El entonces comandante el Ejército incluso [estaba] diciendo en el Congreso la República que era que la zona estaba oscura que había neblina y que entonces pues toda esa situación generó la masacre, como si eso fuera una excusa para acudir a las armas”, señaló Villalba.

Pero la idea de que todo se había tratado de un error militar se empezó a debilitar cuando salieron los hallazgos de Medicina Legal. Los estudios tecnicos hablaron de que los disparos fueron en repetidas ocasiones y que incluso uno de ellos fue a menos de 60 centimetros, lo que, según Villalba, resultó en una presión para los soldados que ya estaban siendo perfilados por la Fiscalía.

Uno de ellos, al ver los resultados, señaló a su compañero y se dio la confesión de Jhon Jairo Guzmán Gallego en 2006 cuando dijo que él fue quien disparó contra el único sobreviviente de la masacre, a pesar de estar herido. Esto se habría dado en una rifa entre los mismos soldados que definieron que él sería el encargado de dar los disparos finales.

Las autoridades abrieron investigación contra nueve soldados, pero finalmente se terminaron judicializando a cinco dado que el Tribunal Superior de Ibagué en segunda instancia determinó que dos de los que quedaban en el proceso (José Alejandro Gómez Acevedo y Jairo Sebastián Quintero Riaño) estaban en otro punto de la vereda.

Los cinco militares fueron condenados a 35 años de prisión, a excepción de Jhon Jairo Guzmán quien recibió una condena de 40 años por haber asesinado al único sobreviviente. Pero esto se tardó porque la decisión de primera instancia la emitió el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagué en 2009, mientras que el fallo de segunda instancia llegó en 2011, ocho años después, por parte del Tribunal que ratificó las condenas.

Para Héctor Mendoza, el padre y abuelo de la familia, los hechos acarrearon amenazas y presiones que fueron reportadas entonces por el Canal UNO y que confirmó el abogado Reinaldo Villalba en diálogo con Infobae Colombia. “No sé si fue por llamadas, pero creo que sí lo intimidaron por ese medio. Él tuvo que salir de la zona inmediatamente y hoy no sé de su paradero. Perdí todo contacto con él cuando se dio el fallo final”, relató el hombre. Además confesó que a pesar de las amenazas, nunca se interpusieron denuncias para proteger la vida de la víctima.

Finalmente Villalba contó que se trató de vincular al comandante del Ejército de ese momento, por presuntamente tratar de encubrir lo sucedido al decir “que se había tratado de una situación porque había neblina y estaba oscuro, unas explicaciones absolutamente absurdas”, pero nunca se pudo comprobar ni relacionar con la masacre dado que la responsabilidad la asumieron los actores materiales.

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