Reparación integral a víctimas requiere $ 328 billones: Contraloría General

Este miércoles 18 de agosto se entregó el octavo informe de las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo en cumplimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. De acuerdo con la Contraloría General del la Nación, la reparación integral a las víctimas requiere un esfuerzo fiscal, a 2031, de $328 billones.

Desplegando los gastos, el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, detalló que la indemnización administrativa y colectiva requiere de $ 65 billones, la vivienda $ 51 billones, alimentación $ 27 billones, y retornos y reubicaciones, 15 billones de pesos.

Con respecto al acceso de vivienda urbana de las víctimas, este ha sido un proceso difícil. Entre 2012 y 2021 se han otorgado más de 107.000 subsidios de vivienda, quedando pendiente más de un millón de hogares para esta población.

“Desde el 2003 hay en cuentas de ahorro programado 21.408 subsidios de vivienda urbana, teóricamente ya asignados, por $317.113 millones y en fiducias reposan $12.375 subsidios asignados por $527.855 millones”, se lee en el informe.

A pesar de los resultados presentados, tanto la Contraloría como la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, reconocieron la gestión del Gobierno nacional durante el proceso.

Asimismo, invitaron a que los esfuerzos institucionales y también de presupuesto se aumenten con el fin de implementar la Política Pública de Asistencia, Atención y Reparación de las Víctimas, y así poder avanzar de una forma considerable en la garantía de los derechos de la población afectada.

Durante las últimas semanas, se han registrado varios asesinatos de líderes sociales. Según indicó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ya son 107 líderes sociales a los que se les ha arrebatado la vida en lo que va de 2021, y 1223 desde la firma del Acuerdo Final de Paz en Colombia.

El pasado 11 de agosto, el profesor Carlos Fredy Londoño Bautista, de 47 años de edad, fue asesinado en el municipio de Fuente de Oro, al sur del departamento. Según versiones preliminares, el docente y sindicalista que trabajaba en la institución educativa El Progreso de ese municipio fue atacado a disparos por hombres que se desplazaban en una motocicleta cuando ingresaba al plantel educativo, así lo dio a conocer el secretario de Gobierno del Meta, Carlos Osorio.

Cabe recordar que, otro de los recientes casos que conmocionó al departamento fue el asesinato de los miembros de una comisión de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que había desaparecido el pasado 27 de mayo en los límites entre Uribe y Mesetas, en el Meta. Los cuerpos sin vida finalmente fueron hallados el pasado 6 de julio.

“Es desconcertante, doloroso y nos ha roto el alma dentro del equipo, un equipo que cree en la justicia y está haciendo todo por reparar a las miles de víctimas de despojo en Colombia. Hoy este acto de violencia nos enluta. Quiero enviarles mi más sentido pésame a estas cuatro familias. Es el primer hecho de este tipo que le ocurre a la Unidad luego de 10 años de implementación de la Ley 1448 de 2011″, expresó el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, confirmando el asesinato de todos los integrantes de la comisión.

El grupo estaba conformado por las hermanas Yadmil y Sandra Milena Cortés Uribe, quienes eran reclamantes de tierra; Karen Sulay Garay, funcionaria de la Unidad de Restitución de Tierras, y Jhon Steven Cogua, el conductor de la camioneta de la empresa Servitransporte Andina.

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