En las últimas horas el representante David Racero, de la bancada del Pacto Histórico, presentó ante la Cámara un proyecto de ley que evitaría que los funcionarios investigados por corrupción queden libres por vencimiento de términos; los delitos contra la administración pública en el Código Penal no prescribirán. “Este proyecto evitaría que las redes de corrupción que azotan al país, dilaten los procesos judiciales para lograr la impunidad por vencimiento de términos”, sostuvo el congresista.
Agregó que, “con este proyecto los corruptos no quedarán libres por vencimiento de términos. Tendrán que pagar cárcel. No seguiremos tolerando que sus delitos queden en la impunidad y que los recursos se pierdan”.
El proyecto incluye el siguiente apartado al artículo 83 de la Ley 599 de 2000:
“Cuando se trate de delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos, particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria y por quienes obren como agentes retenedores o recaudadores, la acción penal será imprescriptible”.
En Colombia, año tras año, la corrupción en lugar de decrecer, aumenta. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, el país ocupa la posición 92 entre 180 países evaluados, donde 0 significa corrupción muy elevada y 100, ausencia de corrupción. Asimismo, en este último informe se indicó que Colombia “no logra una variación significativa en la calificación, que entre 2012 y 2020 ha estado entre los 36 y los 39 puntos”.
En el mismo informe se indicó que en la región, Colombia solo está por encima de Brasil y Perú en indicadores de corrupción y que, “Entre los países que hacen parte de la OCDE, Colombia ocupa el penúltimo puesto entre 37 países, superando únicamente a México”.
Sobre estos resultados, el director de Transparencia por Colombia manifestó que, “estamos cerca de cumplir una década en ese estancamiento. Avanzar en esta calificación dependerá de cómo el país aborde retos históricos que facilitan la corrupción, pero también de nuestra capacidad para proteger los recursos públicos en coyunturas tan difíciles como la pandemia”.
Este proyecto de ley permitiría avanzar en el propósito de disminuir el flagelo de la corrupción.
Según cálculos de la Contraloría, anualmente este cáncer le arrebata al país recursos por el orden de los $50 billones, dinero suficiente para construir tres metros de Bogotá (y sobraría plata) o casi el equivalente a dos reformas tributarias, cifra que citó El Espectador.
Además, según la más reciente encuesta de Invamer, el 93 % de los entrevistados la corrupción está empeorando en Colombia, casi 13 puntos más que cuando arrancó el gobierno de Iván Duque en 2018, cuando ese indicador estaba en el 80,2 %.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación reveló que durante los últimos cinco años, incluyendo lo que va de 2021, han abierto más de 21 mil procesos por corrupción, sin embargo, de esos solo 5.097 han llegado a la condena, es decir que, de acuerdo con las cifras del ente acusador, solo uno de cada cuatro procesos logra resolverse.
De acuerdo con los datos de la entidad conocidos por CM&, en Colombia en promedio son condenadas tres personas al día por casos de corrupción. Según detalló la Fiscalía, la mayor parte de las sentencias se realizan en contra del sector administrativo en alcaldías y gobernaciones, entre otras entidades.
A esas sentencias les siguen las de corrupción a la justicia que en los últimos años, según las cifras de la Fiscalía, han sido de la siguiente manera: en 2016 reportaron 481 condenas por ese delito, en 2017 la cifra aumentó con 585, en 2018 hubo 548, en 2019 se registraron 506 y en 2020, 220, cifra que se prevé sea similar para finales de este 2021.
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