Explotación ilegal de oro en Colombia sigue creciendo, según la ACM

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la explotación ilegal de oro en el país continúa creciendo a ritmos preocupantes para el gremio. Al menos esa sería una de las conclusiones, sin cifras exactas, que dejó el informe de resultados de la actividad minera en el primer semestre de 2021.

Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación, señaló la situación sería así, teniendo en cuenta que las exportaciones mineras legales en general registraron un aumento de USD $412 millones, que equivalen a un alza del 8 % en comparación con el primer semestre de 2020. Dicho crecimiento, agregó, se debe principalmente al buen comportamiento de los metales preciosos, minerales no metálicos como el cemento y sobre todo del oro.

En ese sentido, el informe demuestra que las ventas al exterior de este último material crecieron, entre otros, por el desarrollo e inicio de operación de nuevos proyectos que hicieron que su comercialización fuera del territorio nacional pasara de USD $1.073 millones en el 2020 a USD $1.501 millones en el 2021, logrando un crecimiento del 39 %.

A eso también hay que sumarle el hecho de que una sola onza del material está costando, actualmente, unos USD $1.800, en lo que se interpreta como un alza monetaria que estaría motivando a las economías ilegales a buscar formas de extraerlo y sacarlo del país en mayor cuantía.

Valga señalar que, la preocupación por esta realidad trasciende el ámbito comercial y se ubica principalmente en el ambiental, dada la utilización indiscriminada de mercurio, la invasión de Parques Nacionales Naturales y en general la contaminación de los ecosistemas de pequeños municipios y regiones alejadas del país, según Nariño.

De igual manera, hay que recordar que el más reciente informe de la Contraloría General de la Nación elaborado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), del 2 de mayo de este año advierte que en 2019 los departamentos de Cauca, Antioquia y Chocó concentraron, en promedio, el 58 % de la actividad de explotación ilegal de oro de aluvión del país. En Cauca, el 68 % es ilegal, en Chocó la cifra es del 79 % y en Antioquia el balance es de 38 %.

En otras palabras, de las 78.004 hectáreas activas que se calcula tenían esos departamentos hace dos años, sólo 32.762 se estarían explotando con un título minero completamente legal.

Para sumar a ese balance hay que observar el informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a finales de julio pasado, y según el cual en el país hay en total 100.752 hectáreas dedicadas a la explotación minera. De estas, un 87 % se concentra en los departamentos de Antioquia, Chocó y Bolívar, mientras que en un 69 % se desarrolla sin los permisos técnicos o ambientales requeridos, así como en zonas protegidas.

El comparativo entre ambos informes, provenientes de fuentes reconocidas por el Gobierno nacional, le darían sustento a la alerta emitida esta mañana por el presidente de la ACM y a su llamado para que las autoridades fortalezcan las labores que ya adelantan en pro de combatir el problema.

En ese sentido, hay que recordar la reacción del ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, tras conocerse el documento de la ONU: “con esta información se plantean posibilidades de intervención en los territorios, dirigidas a contener o prevenir la explotación ilícita de oro y generar un avance hacia la formalización de la actividad cuando se puede y hay vocación de legalidad”.

Del informe semestral también surgieron otras cifras interesantes, como que la industria aportó $165.717 millones a inversión social en 2020, lo que sería un 4 % más que en 2019. De estos, el 18 % se destinó a programas relacionados a salud y 11 % a educación.

En el sector ambiental, se realizaron inversiones por un total de $320.828 millones, destinados a la renovación de infraestructura tecnológica y a planes de sensibilización para garantizar la calidad del aire en las operaciones, programas de reforestación, cuidado del agua, manejo de residuos sólidos, eficiencia energética y protección de la biodiversidad.

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