Emilio Tapia, ‘zar de la contratación’, implicado en el polémico contrato de MinTIC

Este jueves se revelaron nuevo detalles del polémico contrato que le adjudicó el Ministerio de las TIC a la Unión Temporal Centros Poblados, que finalmente caducó por el escándalo de unas pólizas falsas que presentaron los contratistas pero también por el anticipo de 70.000 millones de pesos que le entregó esa cartera, para que iniciarán con la instalación de puntos de internet en las zonas más apartadas del país.

La periodista de W Radio Paola Herrera encontró que el contratista condenado por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, Emilio Tapia Aldana, sería el dueño en la sombra de la empresa ICM Ingenieros, que hace parte de esa unión temporal.

También reveló que el dinero del anticipo sigue en esas empresas y no en proveedores o subcontratistas, como lo manifestaron abogados de Centros Poblados, que incluso han insistido en que ya compraron equipo tecnológico y que están en bodegas aquí en Colombia.

Sobre ICM Ingenieros, que sería de Tapia, esta le pertenecía hasta el año pasado a Luis Guillermo Meza Barragán y al exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, y está dedicada a la construcción de obras civiles y participación en contratos de infraestructura vial.

La empresa participó en 2017 y se ganó una licitación del Instituto Nacional de Vías (Invías) para el mejoramiento de la vía Medellín – Quibdó. Un contrato de 117.000 millones de pesos, que logró junto a las firmas Intec de la Costa, Belmira Construcciones y Corvez Ingeniería.

“Como podemos darnos cuenta, desde esta fecha ICM ya había hecho negocios con otra de las empresas involucradas en el polémico contrato de Centros Poblados (Intec de la Costa). En tanto, Belmira Construcciones es una empresa relacionada con otra vieja conocida, que se llama Castor Construcciones, filial de Odeka SAS. Tanto Belmira como Castor tienen a Mónica Padilla como representante legal y en Castor y Odeka aparecen los nombres de Juan Carlos y Juan Camilo Aldana, primo y sobrino respectivamente del famoso y polémico empresario, Emilio Tapia, con quien estuvieron involucrados en el carrusel de la contratación en Bogotá”, reveló W Radio.

Según lo encontrado por la periodista Herrera, en 2019 Juan Carlos Aldana se entera de las intenciones de estos empresarios de vender su compañía ICM Ingenieros y contacto a su primo, Emilio Tapia, convenciéndolo entonces de quedarse con esa sociedad para retomar su trayectoria empresarial.

“Emilio Tapia habría llamado a dos de sus personas de confianza que le ayudarían a concretar el negocio. Uno de ellos es Herles Ariza, un coronel retirado que fue nombrado como depositario de bienes con extinción de dominio, que hoy están en poder de la SAE, incluyendo la sociedad Capital Energy, que le perteneció a los Nule”, detalla la investigación periodística.

Pero solo fue hasta el 10 de diciembre de 2020, un día después de que MinTIC adjudicara el contrato a Centros Poblados, que se registró el cambio de representante legal de ICM Ingenieros, por lo que en el contrato quedó como representante Jeremías Olmedo Cabrera y no Herles Ariza, quien fue el designado presuntamente por Emilio Tapia para administrar su nueva compañía.

Cabe recordar que, Tapia, conocido como “El zar de la contratación”, fue uno de los contratistas que estuvo involucrado en el escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, responsable de lavar el dinero proveniente de la corrupción en los contratos y comprar bienes usando testaferros para ocultar esos dineros.

Sobre el paradero de los 70.000 millones de pesos que recibieron como anticipo, Centros Poblados insiste en que cerca de 50.000 millones de pesos ya se destinaron a la compra de equipos a una empresa en Estados Unidos, llamada Nuovo Security.

Pero según reveló el diario El Tiempo, esa empresa, con sede en Delaware, tiene como socio mayoritario (70 %) a Juan Carlos Cáceres Bayona, quien a su vez es dueño de Funtics (antes Novatics), empresa que hace parte de la unión temporal que se ganó el contrato de internet, por lo que el dinero no ha salido de las manos de esas empresas hoy investigadas.

Por este escándalo ya la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal en contra de los contratistas pero también contra funcionarios de MinTIC que tenían como responsabilidad vigilar ese contrato.

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