Corte Suprema envía caso del exgobernador Richard Aguilar a la Fiscalía

Este jueves 19 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envió la investigación que adelantaba en contra del exgobernador de Santander Richard Aguilar, por presuntas irregularidades en contratos mientras fungía como gobernador Santander, a la Fiscalía General de la Nación.

La decisión, que se da con ponencia del magistrado César Reyes, obedece a la renuncia que presentó Aguilar al Congreso el pasado 28 de julio, cuando se registró su captura en Bogotá después de que se le señaló de ser el presunto cerebro detrás de una red de corrupción durante su administración.

Cabe resaltar que la Constitución Política de Colombia establece, en su artículo 235, que es la Corte Suprema de Justicia el ente que debe juzgar a congresistas y altos mandos del Gobierno en estos casos. Pero como horas después de su captura, Richard Aguilar presentó una carta de renuncia al Congreso y esta fue aceptada, la Corte ahora resuelve enviar su caso a la justicia ordinaria.

El documento, citado por la Revista Semana, señala “El envío de la actuación al señor Fiscal General de la Nación, para lo de su competencia, previas a las anotaciones correspondientes” y resaltá que deja ”al exsenador Richard Alfonso Aguilar a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.

Cabe recordar que el pasado 27 de Julio, Aguilar fue capturado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación por orden de la Corte Suprema de Justicia, tras las investigaciones en su contra por presuntas irregularidades en la contratación de los arreglos de la estructura de la Villa Olímpica del estadio Alfonso López, en Bucaramanga.

Richard Aguilar es investigado por, supuestamente, asociarse para cometer delitos contra la administración pública, peculado, interés ilícito en celebración de contratos y contrato sin requisitos legales.

Las presuntas irregularidades tienen que ver con contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), obras de mejoramiento en la carretera San Gil–Charalá (2014) y en el corredor vial Agroforestal y Energético (2014), así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga–Floridablanca (2014).

De acuerdo con las investigaciones, los hechos también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en las cuales, al parecer, abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado –para sí y para otros– de dineros públicos.

Asimismo, se le señala de ser el presunto cerebro detrás de una red de corrupción durante su administración, pues, según el proceso, en la celebración de los negocios jurídicos cuestionados, el entonces mandatario regional habría ordenado a algunos funcionarios de la Gobernación del departamento favorecer y entregar esos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él.

A través de su defensa, el ahora exsenador investigado, había solicitado al alto tribunal que su expediente quede en manos de la Fiscalía, justificando que los actos por los que se le acusan ocurrieron, al parecer, entre 2014 y 2015, es decir, cuando Richard Aguilar fungía como gobernador, no como senador.

“Ninguna de las imputaciones fácticas realizadas en los autos del 13 de mayo de 2021, 27 de julio de 2021, ni en la diligencia de indagatoria del 11 de junio de 2021, tienen relación clara y directa con el cargo o funciones de Senador de la República”, señaló el abogado Iván Cancino en el documento en el que manifestaba los intereses de su defendido.

Estos argumentos fueron presentados a la oficina del magistrado César Reyes, así como la carta de renuncia del exsenador que dejaba claro su desligue del Congreso de la República. Entonces, en las últimas horas, el magistrado consideró que, efectivamente, las supuestas irregularidades por las que se culpa a Aguilar sucedieron cuando este era gobernador.

“En últimas los delitos imputados no se habrían cometido por causa del servicio, con ocasión del mismo, como tampoco a consecuencia de un desviado o abusivo ejercicio de funciones congresuales, que no ostentaba para el momento de la comisión de las conductas antijuridicas imputadas por la Sala, vale enfatizar acaecidas durante los años 2014 y 2015 cuando el procesado desempeñaba el cargo de Gobernador del Departamento de Santander”, se lee en el documento firmado por el magistrado que se dio a concoer este jueves.

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