JEP evaluará el cumplimiento de las medidas cautelares que protegen los cuerpos de víctimas de desaparición en San Onofre, Sucre

La justicia transicional le hará seguimiento a los autos emitidos para la protección de los restos de las presuntas víctimas de este delito de lesa humanidad en dos cementerios y dos fincas

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La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP tomó la medida este viernes luego de una investigación en la que encontró "una indebida administración" de los cementerios Nuestra Señora del Carmen en la población, de Norcasia; San Agustín y San Diego, en el municipio de Samaná, y los de San Maximiliano María Kolbe y Pradera, en Victoria. EFE/ÁLVARO BALLESTEROS/Archivo
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP tomó la medida este viernes luego de una investigación en la que encontró "una indebida administración" de los cementerios Nuestra Señora del Carmen en la población, de Norcasia; San Agustín y San Diego, en el municipio de Samaná, y los de San Maximiliano María Kolbe y Pradera, en Victoria. EFE/ÁLVARO BALLESTEROS/Archivo

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este miércoles que evaluará el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas para la protección de algunas zonas de interés forense en las que se encontrarían cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el municipio de San Onofre, Sucre.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad hará el seguimiento a cinco autos emitidos por la justicia transicional en 2019, a través de los cuales se ordenaban a las entidades nacionales y locales medidas de protección de los cementerios de San Onofre y Rincón del Mar y las fincas de El Palmar y La Alemania.

Estas medidas restaurativas, las cuales se verificarán el próximo viernes 20 de agosto en Sincelejo, capital de este departamento al noroccidente de Colombia, buscan conservar, identificar y entregar a los familiares los cuerpos de las víctimas de desaparición forzada que se encuentran en estos lugares identificados.

“Se presume que en los mencionados cementerios habría cuerpos inhumados no reportados o no inventariados que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado”, indicó la Jurisdicción Especial.

A su vez, el tribunal de paz señaló que indagará a la Fiscalía cuáles es el plan de búsqueda de los cuerpos y cuáles han sido resultados obtenidos en la búsqueda, identificación y entrega de los restos de las víctimas de este crimen de lesa humanidad, de igual manera, se cuestionará a la Gobernación de Sucre sobre cuáles han sido las acciones del plan de conservación que se han adelantado y cuáles están por ejecutarse.

Durante la audiencia pública, en la que participarán las víctimas y sus representantes, la Sección de Ausencia buscará avanzar en la construcción conjunta de paz y de esta manera continuar en la restauración de las víctimas como una manera de consolidar la reconfiguración de la confianza cívica, la valía real de los derechos y el fortalecimiento de la ciudadanía.

“Además de los entes locales y gubernamentales, participarán en la diligencia el Ministerio del Interior, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Sociedad de Activos Especiales y la Procuraduría General de la Nación”, concluyó la Jurisdicción Especial para la Paz.

“La diligencia del 10 de agosto se inscribe en los 26 trámites de medidas cautelares que gestiona la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP en diversos cementerios y lugares del país donde habría cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto armado”, indicó el tribunal.

Dentro de estos lugares se encuentran San Onofre (Sucre); El Copey y Aguachica (Cesar); Dabeiba, el Cementerio Universal de Medellín (Antioquia) y Riosucio (Caldas).

La JEP prohibió las exhumaciones e inhumaciones en 352 puntos de interés forense en el cementerio de Puerto Berrío, Antioquia (Colombia). EFE/Álvaro Ballesteros/Archivo
La JEP prohibió las exhumaciones e inhumaciones en 352 puntos de interés forense en el cementerio de Puerto Berrío, Antioquia (Colombia). EFE/Álvaro Ballesteros/Archivo

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó, el pasado 9 de junio, medidas cautelares para el denominado cementerio de los pobres en el municipio de Aguachica (Cesar) y para las obras que se llevan a cabo en el Canal del Dique, en el río Magdalena, ya que se tienen indicios de que en estos lugares de la Costa Atlántica reposan los restos de víctimas mortales del conflicto armado en Colombia.

En caso del cementerio en Aguachica, las medidas la decretó la Sección de Ausencia de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad y tienen una vigencia de 90 días con el fin de evitar que se pierdan parcial o totalmente los cuerpos de personas no identificadas, por lo que en ese campo santo se suspendieron las labores de exhumación y traslado de cadáveres.

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