Gremio de aplicaciones e innovación, Alianza IN, anunció que demandará a la Superintendencia de Transporte

Desde hace un tiempo atrás las plataformas como Uber, Beat, Cabify y Didi vienen presentando problemas con el Estado colombiano y sus instituciones debido a que el modelo que usan para prestar sus servicios, al no ser como el tradicional es acusado de estar violando las leyes del país, además, gremios como el de los taxistas se sienten atacados y han protestado en contra señalando que les quitan trabajo y no tiene que pagar los mismos impuestos. Ante esta situación, el Gremio de Aplicaciones e Innovación, Alianza IN que reúne todas estas plataformas, inició un proceso con el que busca que la Rama Judicial dirima a favor de este conglomerado y en contra de una circular de noviembre del año pasado (015 de 2020), redactada por la Superintendencia de Transporte.

Incluso, Camilo Pabón Almanza, superintendente de Transporte afirmó hace unos meses atrás este es un ejemplo de combate contra la ilegalidad de las plataformas de movilidad y que las empresas extranjeras que estén funcionando en el país deben responder por las irregularidades que se presenten en la prestación del servicio.

Por lo que en esta mismo línea el documento que ha genera malestar al gremio señala que el ejecutivo considera que estas plataformas tecnológicas ofrecen un servicio público, argumento con el que no están de acuerdo las plataformas, pues argumentan que en realidad es un servicio entre privados y que por tanto no están violando ninguna ley sino que está siendo perseguidos por la justicia colombiana.

Pablo Felipe Robledo, ahora apoderado del Gremio de Aplicaciones e Innovación, Alianza IN explicó a diario El Espectador las razones por las que se llevó adelante la demanda y los argumentos que sostiene el gremio.

“El Gobierno viene desde hace tiempo adelantando una persecución sistemática contra las plataformas tecnológicas de movilidad colaborativa que solucionan las necesidades de un transporte privado entre un particular que necesita movilizarse y otro particular, con un carro, que tiene un vehículo para prestar ese servicio y movilizar a ese ciudadano”, aseguró Robledo que antes trabajaba como superintendente de Industria y Comercio.

Además, hizo la claridad y recalcó que estas plataformas no prestan un servicio público sino privado. Por lo que sus servicios responden al marco legal colombiano y recordó que actualmente hay 200.000 conductores prestan estos servicios esporádicamente a través de estas plataformas lo que indica que esas personas llevan ingresos a casi 750.000 hogares.

“Prestan un servicio de transporte privado y, por ende, conductores, usuarios y las plataformas sostienen que lo que hacen está dentro del marco normativo, porque ese marco normativo, incluso desde la Constitución, implica que la actividad económica en Colombia es libre y que está sujeta solo a las reglamentaciones que para tal efecto se han expedido, y resulta que la Ley de Transporte, que es del año 93, la Ley 333 y Ley 105, jamás contemplaron como transporte público los vehículos que se prestan a través de plataformas tecnológicas, porque no existían para ese momento”, anotó el abogado y agregó que la circular emitida por la Superintendencia de transporte actúa como una ”amenaza” hacía los Gobiernos e instituciones locales y los insta a poner medidas represivas contra las plataformas de movilidad.

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