Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por los 70 mil millones del contrato entre MinTIC y Centros Poblados

Desde el pasado 13 de agosto la Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial contra funcionarios del FunTIC encargados de la licitación, la Unión Temporal Centros Poblados y contra miembros del consorcio PE2020 por presuntas irregularidades en planeación de la licitación que se ganó la UT en 2020.

El ente de control indicó que también se investigarán las irregularidades ene l control y seguimiento adelantado por la interventoría del contrato 1045 de 2020 además de la investigación por el manejo del anticipo de $70.243 millones que se le consignó a Centros Poblados para iniciar con la ejecución del contrato que buscaba prestar servicio de internet en 14.745 puntos digitales en zonas rurales de Colombia.

Las personas directamente vinculadas son Adriana Vanessa Meza Consuegra, representante legal de FunTic y secretaria general del Ministerio; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual; el supervisor del contrato, Carmilo Alberto Jiménez Santofimio; los miembros de la UT, representados por Luis Fernando Duque Torres entre los que están la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, representada por Carlos Enrique Páramo Samper; Jeremías Olmedo Cabrera Mosquera, de ICM Ingenieros; Hugo Armando Canabal Hoyos, representante de INTEC de la Costa y Juan Sebastián Vergara Ortega, representante de Omega Building Constructora.

También incluyeron a Paola Izquierdo Rivero, represéntate del Consorcio PE2020 C Digitales que lo conforman PMO Solycom; Eurocontrol SA, representada por Francisco Javier Barrena de Valenciana y Telemediciones SAS, representada por José María Hougton Pérez. Este consorcio aprobó el anticipo.

También será investigado Giancarlo Ibáñez Piedrahita, representante de BBVA ASSET Management, fiduciaria del contrato y entidad de dónde se giraron los 70 mil millones. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación llamó a interrogatorio a una de las empresas que recibió parte del anticipo.

El llamado a responder en medio del escándalo de corrupción fue el representante legal Luis Fernando Duque, quien deberá informar al ente investigador tanto por el paradero de los dineros, que se suponía debían ser invertidos en la instalación de conexión a Internet en los colegios rurales de 15 departamentos del país; como por la falsificación de los documentos de garantía bancaria entregados a la cartera tecnológica para quedarse con el contrato.

En ese sentido, es de recordar que la empresa contratista insiste en que el dinero no se ha perdido, y por el contrario, se invirtió en la compra de equipos. De acuerdo con el abogado de la misma, Jorge Pino, “así lo dijo la interventoría, que es la que verifica que los recursos fueron destinados para temas del contrato, es decir, para compra de equipos”.

Dicha empresa sería la estadounidense Nuovo Security, que terminó exactamente con $58.301.922.067 de los 70.000 millones que le entregó MinTIC a Centros Poblados. Se trata de una organización que, de acuerdo con el periodista de Caracol Radio Jorge Espinosa, fue fundada en 2016, con seis empleados, sede física en la Florida y fiscal en Delaware, que sería un conocido paraíso fiscal.

Además se supo que sus únicas exportaciones han sido a Colombia, entre 2019-2020, cuando enviaron un cargamento de cámaras desde China, compradas por una empresa conocida como VIRTUAL TICS SAS.

Según Dun & Bradstreet, una compañía dedicada a suministrar información sobre empresas, los ingresos anuales de Nuovo Security no superan los 197 mil dólares. “Muy poco. Casi nada. Ahora, de repente, les dieron 15 millones de dólares”, se cuestionó Espinosa, quien agregó que lo máximo que recomiendan a un banco prestarles es 2.500 dólares, que se traducen a unos nueve millones de pesos.

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