Horas después de que se conocieran nuevos detalles de la empresa en la que el contratista Unión Temporal Centros Poblados depositó 58.000 millones de pesos de los 70.000 millones transferidos en forma de adelanto por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se supo que la Fiscalía General de la Nación llamó a interrogatorio al encargado de la primera.
El llamado a responder en medio del escándalo de corrupción fue el representante legal Luis Fernando Duque, quien deberá informar al ente investigador tanto por el paradero de los dineros, que se suponía debían ser invertidos en la instalación de conexión a Internet en los colegios rurales de 15 departamentos del país; como por la falsificación de los documentos de garantía bancaria entregados a la cartera tecnológica para quedarse con el contrato.
En ese sentido, es de recordar que la empresa contratista insiste en que el dinero no se ha perdido, y por el contrario, se invirtió en la compra de equipos. De acuerdo con el abogado de la misma, Jorge Pino, “así lo dijo la interventoría, que es la que verifica que los recursos fueron destinados para temas del contrato, es decir, para compra de equipos”.
Dicha empresa sería la estadounidense Nuovo Security, que terminó exactamente con $58.301.922.067 de los 70.000 millones que le entregó MinTIC a Centros Poblados. Se trata de una organización que, de acuerdo con el periodista de Caracol Radio Jorge Espinosa, fue fundada en 2016, con seis empleados, sede física en la Florida y fiscal en Delaware, que sería un conocido paraíso fiscal.
Además se supo que sus únicas exportaciones han sido a Colombia, entre 2019-2020, cuando enviaron un cargamento de cámaras desde China, compradas por una empresa conocida como VIRTUAL TICS SAS.
Según Dun & Bradstreet, una compañía dedicada a suministrar información sobre empresas, los ingresos anuales de Nuovo Security no superan los 197 mil dólares. “Muy poco. Casi nada. Ahora, de repente, les dieron 15 millones de dólares”, se cuestionó Espinosa, quien agregó que lo máximo que recomiendan a un banco prestarles es 2.500 dólares, que se traducen a unos nueve millones de pesos.
“Nuovo Security tiene lo que parece ser una página web. Pero no. Compraron una plantilla, le cambiaron unos textos y listo. No tiene seguidores en Facebook y en Instagram no funciona el enlace. No tiene teléfono de contacto, ni información sobre quiénes son. ¿Lo más grosero de todo? Los textos en la página están mal escritos. Hay errores de ortografía, como escribir mal la palabra ‘equipment’ en inglés. Hay problemas de concordancia, de redacción. Es una cosa grosera, vulgar, chambona”, señaló el periodista.
La conexión de Nuovo Security con Colombia es que es una empresa con sede en Barranquilla. “No tiene redes, y las que tiene no las usa: no tiene página de Internet, pero sí tiene un representante legal: El señor Efraín Eduardo González”, sostuvo Espinosa.
Valga recordar que, la Fiscalía ya definió cuatro ramas de investigación para este proceso, como la investigación sobre los funcionarios públicos que estuvieron involucrados o trabajaron en la estructuración, evaluación y aprobación de las pólizas precontractuales de esta licitación en particular, teniendo en cuenta que la Unión Temporal suministró al MinTIC garantías bancarias falsas, supuestamente emitidas por el Banco Itaú.
Luego, está la línea de investigación que hace referencia directamente al contratista, con la que se busca establecer quiénes son los culpables del esquema que llevó a ganar indebidamente la licitación para llevar internet a los colegios rurales, así como el destino que tuvo el adelanto de 70.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que el contrato se firmó a finales del año pasado y que hasta abril pasado sólo se había ejecutado el 1 % del mismo.
Según explicó el jefe del ente acusador, Francisco Barbosa, también “tenemos al mismo tiempo una línea en torno a la expedición de esas pólizas y otra línea de trabajo muy importante en torno a cómo se produjo el giro de esos recursos derivado del contrato de administración de fiducia y pagos, que a su vez se deriva del contrato principal que se firmó, y cómo se presentó esa aprobación y ese giro de esos recursos”.
El interrogatorio será este 18 de agosto a las 10 de la mañana.
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