CIDH cuestiona a Claudia López por crear un comando especial para “criminales de población migrante”

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó este miércoles sobre la creación de un comando de operaciones conjunto entre Policía Metropolitana, Migración Colombia y Fiscalía General de la Nación para combatir a las “estructuras criminales de población migrante”, refiriéndose a ciudadanos venezolanos que se han involucrado en actividades ilícitas.

“Las estructuras criminales de población migrante, que están siendo un factor de inseguridad en nuestra ciudad, están operando con un altísimo nivel de violencia. Los dos casos dolorosos de agresión homicida contra dos policías en nuestra ciudad fueron perpetrados por miembros de estas estructuras criminales”, mencionó la alcaldesa tras recordar la muerte del patrullero Humberto Sabogal, quien falleció la semana pasada haciendo labores de inspección y control en el sur de la ciudad, junto a su compañero, el patrullero Jesús David Pineda, quien resultó gravemente herido.

Por este comentario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció y cuestionó a la mandataria. “La CIDH expresa preocupación sobre el anuncio de creación de un comando de operaciones conjunta para combatir delincuencia de ‘criminales de población migrante’, realizado por la alcaldesa de Bogotá, tras finalizar reunión de Consejo de Seguridad”.

Así mismo, la organización reiteró que, “mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión de esta población, al culparlas de aumento de índices de violencia y criminalidad en los Estados”.

“La CIDH urge a autoridades de Colombia a adoptar medidas para prevenir y eliminar situaciones discriminatorias que perpetúen estigmatización y prácticas de intolerancia y criminalización sobre la base de la situación migratoria”, insistió el organismo internacional.

La alcaldesa López explicó que Bogotá será la primera ciudad de Colombia que tendrá al 100 % de la población migrante debidamente registrada e identificada, para que puedan acceder a los servicios que ofrece el Distrito Capital, pero también para que quienes estén delinquiendo puedan ser judicializados.

La expedición del registro migratorio, que prevé el estatuto migratorio, es para los extranjeros el equivalente a la cédula de ciudadanía para los colombianos, y se debe hacer de la siguiente manera, tal como lo ha dispuesto Migración Colombia: 1. Pre registro virtual, 2. Registro Biométrico y 3. Entrega de documento de identificación.

“Ya llevamos cerca de un 70 % de la población migrante identificada; a partir del 1º de septiembre se pasará del pre registro virtual a la identificación biométrica y posteriormente a la identificación plena con la expedición del registro migratorio”, explicó la alcaldesa.

Plan contra la inseguridad en Bogotá

Por su parte, el general Carlos Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, quien acompañó el Consejo de Seguridad, indicó que desde hace seis días se está desplegando una nueva estrategia operativa en la capital gracias al refuerzo de 1.500 uniformados tienen como objetivo contrarrestar los principales delitos que afectan a la ciudadanía, como lo son el homicidio, las lesiones personales y el hurto.

De manera paralela, el Distrito Capital seguirá implementando la estrategia “Juntos Cuidamos Bogotá”, liderada por la Secretaría de Gobierno, y que tiene como objetivo reestablecer y proteger el espacio público que ha sido afectado por el vandalismo; e igualmente los “Patrullando”, en cabeza de la Secretaría de Seguridad para fortalecer los frentes de seguridad en los diferentes barrios de la ciudad, y llevar a cabo acciones concretas de inspección, vigilancia y control.

Al respecto, el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, señaló que desde el 13 de agosto, cuando se anunció el refuerzo policial para la ciudad, se han llevado cuatro grandes intervenciones en diferentes localidades de la que han dejado como resultado la desarticulación y judicialización de tres organizaciones criminales, un total de 190 capturas en 10 allanamientos, la incautación de 11 armas de fuego, y 22 vehículos inmovilizados.

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