Funcionario de la Aerocivil investigado por vender pruebas PCR falsas fue apartado de su puesto

La Dirección Regional de Barranquilla de la Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que desde la semana pasada fue retirado de su cargo el funcionario acusado de vender pruebas PCR falsas en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, de esa ciudad.

Valga recordar que, el funcionario, cuya identidad no fue divulgada por la autoridad aérea del país, había sido denunciado por el diario local El Heraldo el pasado 30 de julio, luego de que se conociera que se le investiga formalmente por lo menos desde el 2 de junio, cuando funcionarios del Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S, que funge como concesionario de la terminal aérea alertaron y enviaron una solicitud al Grupo de Investigaciones Disciplinarias de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, exponiendo casos que revelarían la emisión de documentos falsificados desde enero de este año.

Según explican, el hecho habría sido denunciado en ese momento por la gerente de una aerolínea comercial que vuela a Estados Unidos, quien le comentó al director de Operaciones de ese aeropuerto que habían logrado detectar una de esas pruebas falsas. A ese reclamo se sumó, en mayo, el de un pasajero que aseguró haber recibido un ofrecimiento para uno de estos papeles.

En el documento enviado por los administradores del terminal se lee de la siguiente manera: “el día 23 de mayo un funcionario de la Aerocivil dio información falsa a el pasajero, realizó prueba falsa (falsificó prueba covid). No obstante, quisiéramos mencionar que el pasado 15 de febrero se presentó una situación similar, motivo por el cual y en coordinación con personal de la Secretaria de Salud del Municipio de Soledad, procedimos a dar traslado a la Gobernación del Atlántico con copia a su jefatura”, en ambos casos, se trataría del mismo trabajador.

El mismo también explica que, “el funcionario de la Aeronáutica Civil ofrece a los clientes que no tienen la prueba realizarla de manera rápida en el aeropuerto por la suma de $220.000, el resultado de esta se da en un papel sin membrete de un laboratorio reconocido”, que al parecer es emitido en un automóvil a las afueras de la terminal por una persona que hace pasar por médico de la Gobernación del Atlántico ante los incautos. Los compradores no sabían, en ningún momento, que se trataba de un esquema ilegal.

Conocido esto, el mismo periódico reportó en la tarde de este 17 de agosto que, en un documento fechado el 5 de este mismo mes, el director Regional Atlántico, José Fábregas Escorcia, le indica a ese trabajador que, “a partir del 10 de agosto cuando usted deba regresar de vacaciones a iniciar sus actividades debe presentarse al despacho de la dirección regional, con el fin de notificarle nuevas funciones toda vez que, a raíz de las investigaciones que se están desarrollando por parte de Control Interno y el Grupo Disciplinario de la entidad, usted ya no conformará el grupo de atención al usuario hasta que se esclarezca los hechos”.

Valga recordar que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, el hombre también está acusado de amedrentar a los compañeros de trabajo que evitaban el ingreso de cualquier pasajero que portara una prueba falsa. Por otra parte, se confirmó que su socio efectivamente está registrado como médico general, mas no como trabajador de la Gobernación del departamento y mucho menos como alguien certificado para hacer las pruebas PCR.

La preocupación por la emisión de pruebas falsas va en aumento en el país luego de que se conociera, en una audiencia de la Comisión Séptima del Senado de la República, que el 58 por ciento de las que se detectan en el aeropuerto internacional de Madrid provienen de Colombia.

El dato proporcionado por la Consejería de Sanidad de Madrid, a través del embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, provocó indignación. “¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades nacionales? ¿Qué ha adelantado la Fiscalía? ¿Quiénes son los responsables? Sabemos que no es responsabilidad de las farmacéuticas, pero sí debemos tener sanciones para esta situación que es muy preocupante”, cuestionó al respecto el senador Carlos Motoa.

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