Familia de Álvaro Gómez pide expulsar a Julián Gallo y sacar el caso de la JEP

Su sobrino y el abogado representante de la familia argumentan que Carlos Antonio Lozada, como es conocido el senador, no estaría aportando verdad plena

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FILE PHOTO: Carlos Antonio Lozada, former commander of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) and now member of the political party Revolutionary Alternative Common Force (FARC) arrives for a hearing at Special Jurisdiction for Peace (JEP) tribunal in Bogota, Colombia September 23, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo
FILE PHOTO: Carlos Antonio Lozada, former commander of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) and now member of the political party Revolutionary Alternative Common Force (FARC) arrives for a hearing at Special Jurisdiction for Peace (JEP) tribunal in Bogota, Colombia September 23, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Recientemente la familia de Álvaro Gómez Hurtado, en representación de su sobrino Enrique Gómez Martínez y del abogado Bernardo Henao Jaramillo, enviaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un documento en el que solicitan que se expulse a Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y que el magnicidio no lo investigue más dicha jurisdicción.

El texto conocido por Infobae Colombia dice que de acuerdo a las diferentes declaraciones que ha dado Carlos Antonio Lozada a la JEP y a medios, además de la conversación conocida entre Reinel Guzmán (Rafael Gutiérrez) y el senador, todo eso resulta en “graves contradicciones” lo argumentado, por eso piden que se excluya al congresista de la JEP y se le quiten los beneficios derivados de su vinculación basándose en uno de los puntos del Acto Legislativo 01 de 2017 en el que se expresa que los sometidos deben aportar verdad plena, detallada y exhaustiva.

En la conversación revalada por El Espectador, el hombre rechaza que Lozada lo haya mencionado ante la JEP como alguien que conocía del plan y sostiene que fue hasta octubre de 2020 cuando conoció que a Gómez Hurtado lo asesinó las Farc, por lo que no puede dar testimonio de las palabras de su excompañero.

Por esto se podría abrir un incidente incumplimiento por parte de las víctimas, de los representantes, del Ministerio Público, de la Fiscalía o de la misma Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Como segundo punto, piden que la Jurisdicción no asuma competencia de ninguna forma en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir, un abogado amigo y exescolta de Gómez que le vaticinó su muerte momentos antes de que entraran los tiros en él.

“Ante el vacío de evidencia, las contradicciones y falsedades de Julián Gallo Cubillos como autor declarado principal responsable material o intelectual y la total ausencia de elementos probatorios confiables o verificables que sustenten la auto incriminación realizada como aporte temprano de verdad, solicitamos como víctimas que esa jurisdicción se abstenga de asumir competencia bajo cualquier modalidad en relación con los asesinato...”, se lee en el documento firmado por el sobrino de Gómez Hurtado y el abogado Henao Jaramillo.

Un caso de expulsión reciente se dio el pasado 26 de julio cuando la JEP anunció la expulsión del exsenador Musa Besaile del mecanismo de justicia transicional porque no cumplió con el compromiso de entregar información relacionada a los procesos en los que está involucrado. La decisión fue tomada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, que concluyó que el compareciente incumplió “al no aportar verdad inédita, exhaustiva y detallada”.

Dado lo anterior, la JEP informó que aplicó el principio de estricta temporalidad que obliga a evitar un desgaste excesivo de la justicia. Aseguró que lo hacen sobre todo porque este es un caso en el que no se aprecia intención real de aportar en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

“El exsenador Musa Besaile Fayad quedó por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz. Así lo ordenó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas después de concluir que los aportes a la verdad del compareciente, que se encuentra privado de la libertad ”no son relevantes y denotan falta de seriedad y de compromiso”, informó la JEP a través de un comunicado de prensa.

Besaile actualmente está privado de la libertad en el Centro de Reclusión Militar de la Brigada XIII del Ejército, en Bogotá, y fue aceptado en la JEP en enero de 2020, pero desde ese entonces, según el mecanismo jurídico, no ha estado comprometido con revelar información importante. Hay que recordar que Besaile debería estar entregando datos de sus vínculos con las autodefensas, quienes lo ayudaron a elegirse como senador, y con sus nexos con el paramilitarismo.

El mecanismo de justicia transicional detalló que escuchó el plan de contribución a la verdad que Besaile y concluyó cuatro puntos importantes. En primer lugar, se dijo que lo aportado no abarcaba aspectos relevantes; segundo, que no son amplios y exhaustivos sobre otras personas que habrían estado involucradas con los hechos que relata; tercero, que no aportó hechos relevantes adicionales para develar la verdad del conflicto armado. En cuarto lugar, y teniendo en cuenta los puntos anteriores, establecieron que lo dicho por Besaile no es para mantener u obtener un beneficio.

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