Disidente de las Farc acusado de usar menores para delinquir quedará libre por vencimiento de términos

Héctor Chavarro Leiva, un señalado disidente de las Farc del frente 62, bajo las ordenes de Mesías Salgado Aragón, alias «cadete», detenido en diciembre de 2018 en Florencia, Chaquete por utilización de menores de edad para la comisión de delitos en Putumayo, extorsión y concierto para delinquir podría quedar en libertad por vencimiento de términos. Este año se han dado a conocer varios casos de acusados que han salido debido a la poca gestión dentro de la Fiscalía.

El sujeto que en la actualidad tiene 31 años, que delinquía en elinquía en los sectores de Pacorá y Puerto Vélez, vecina república de Perú, así como en Puerto Nariño, El Porvenir, Bellavista, Yarinal, Puntales y El Refugio en inmediaciones de Puerto Leguízamo, Putumayo, en territorio colombiano, fue acusado formalmente por la Fiscalía en el 2019 de transportar menores de edad, entre los 14 y 17 años, para obligarlos a delinquir tanto en Colombia como en Perú.

En la imputación de cargos el ente acusador señaló que el sujeto era plenamente consciente de estaba cometiendo un delito al “facilitar el uso de los menores de edad en diferentes tareas y oficios al interior de la disidencia”.

“Estaba realizando un comportamiento prohibido y penalmente reprochable, conociendo igualmente que su posición al interior de la organización criminal, así como las condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de los niños, niñas y adolescentes de esta zona del país”, puntualizó la institución.

Este comportamiento y delito es conocido como reclutamiento de menores, una practica muy común en los grupos armados y que hace unos días volvió hacer noticia pues la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que hace dos años y medio abrió el caso 07 –sobre reclutamiento y utilización de menores en el conflicto armado–, reveló que el número de víctimas de este flagelo a manos de las Farc sería 18.677, solo de 1996 a 2016 (el triple de lo que se estimaba inicialmente).

De acuerdo con la descripción del crimen ejecutado por Chavarro, después de reclutar a los menores en la zona sur del país, los trasportaba por diferentes zonas hasta llegar a un campamento donde los niños y niñas eran entrenados.

“Transporte de menores de edad entre los 14 y 17 años, y mujeres, a un sitio llamado Puerto Vélez, en Perú, para desde allí llegar a un sitio conocido como Peñas Blancas en el departamento del Amazonas y desplazamiento de menores de edad desde Puerto Leguizamo hacia el sector del Caguán con el fin de ser entrenados en cursos de guerrilla, explosivistas y enfermeros”, dijo la entidad.

Pese a que este es uno de los delitos más cuestionados del conflicto armado al interior del país, pues va en contra de los derechos de los menores que bajo la constitución deberían ser priorizados pues priman por encima de todo, dos años después de la captura del criminal, la defensa está pidiendo la libertad por vencimiento de términos por las demoras del caso. La solicitud será resuelta por un juzgado de Puerto Asís por orden de la Corte Suprema que resolvió un conflicto de competencia.

En estos casos de acuerdo con la ley la pena podría ser de 6 a 10 años, de acuerdo con la Ley 599 de 2000 que señala “El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute menores de dieciocho (18) años o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de seiscientos (600) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

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