Según Migración, en 2021 se han detectado a más de 32.000 migrantes irregulares en Colombia

La crisis migratoria de la que ha sido escenario el país, en las últimas semanas, ha generado una serie de operativos, por parte de las autoridades, que pretenden controlar la situación. La migración ilegal, de acuerdo con la explicación que han entregado diferentes especialistas a los medios de comunicación, no solo genera problemas para el país de arribo, sino también para los ciudadanos extranjeros que, en medio de sus necesidades, terminan siendo víctimas de delincuentes locales. En una entrevista con el periódico El Tiempo, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, entregó algunas cifras que ayudan a entender la gravedad de los hechos, y detalló lo que se ha venido haciendo para entregar soluciones.

Inicialmente, el funcionario le comentó a ese medio nacional que las fronteras cerradas y la correcta documentación no son totalmente certeras a la hora de evitar la llegada de migrantes al país, de manera ilegal, sin embargo, aclaró que no es una situación por la que se debe desacreditar la labor de las autoridades que trabajan a diario en las fronteras del territorio nacional. De hecho, a pesar de la llegada de miles de extranjeros al país, irregularmente, los uniformados y los profesionales en detección de viajeros indocumentados han logrado identificar a más de 32.000 migrantes irregulares, en el 2021.

Aunque lo común sería pensar que en su mayoría se trataría de ciudadanos provenientes de Venezuela, a causa de la migración masiva de los habitantes de ese país a diferentes partes del mundo, incluyendo a Colombia, los más de 32.000, que explica Espinosa, no son venezolanos.

A su vez, le comentó el directivo a ese diario nacional, se han capturado a más de 100 coyotes; nombre que se les da a los ciudadanos que ayudan a los migrantes a movilizarse dentro y fuera de Colombia. Específicamente, cuenta Juan Francisco, la Policía de Tránsito y Transporte ha logrado capturar 83 personas acusadas por el delito de tráfico de migrantes; se han inmovilizado 84 vehículos, y se han dejado a disposición de Migración Colombia a 1.540 extranjeros.

Por otra parte, la Superintendencia de Transporte ha suspendido a cinco empresas de transporte especial, ha iniciado 57 investigaciones relacionadas con el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el momento de transportar migrantes, y se han impuesto sanciones por más de 416 millones de pesos.

Fue el pasado 29 de julio cuando el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, estuvo en Necoclí, Antioquia, atendiendo la emergencia que vive la población por cuenta de los miles de migrantes que tratan de llegar a los Estados Unidos. Allí, algunos de los migrantes le contaron que las mafias de trata de personas les estarían vendiendo supuestos “paquetes turísticos” con precios de hasta 300 dólares.

Las cifras, sin embargo, y de acuerdo con lo que argumentó Espinosa en El Tiempo, no son lo más importante. La esencia de estos operativos, resalta el directivo, están direccionados a proteger la dignidad y el bienestar de los migrantes. Con el fin de ahondar en esa idea, explicó que gracias al accionar de la autoridad, se ha salvado a más de 170 menores que pudieron haber caído en la mano de los denominados coyotes. “Esto no es cuestión de cifras, estamos hablando de vidas, y como tal, nos tomamos muy en serio el trabajo de protegerlos”, recalcó en la entrevista.

“Hemos venido articulándonos entre autoridades con el fin de poder ejercer mayores controles no solo en zona de frontera, donde nuestra Fuerza Pública ha aumentado su presencia, sino también en los diferentes controles viales y labores de verificación que adelantamos conjuntamente con la Policía Nacional en diferentes regiones del país”, enfatizó el director de Migración Colombia.

En medio de su diálogo con El Tiempo, el funcionario habló de otra problemática que, probablemente, no es de conocimiento popular, pero que al igual que lo anterior, sugiere problemas en la justicia nacional: colombianos que se hacen pasar por extranjeros para cometer delitos.

“Los colombianos, erróneamente, piensan que así van a poder evadir a las autoridades, argumentando que son ciudadanos venezolanos y que no cuentan con ningún tipo de identificación, lo que imposibilitaría el proceso de judicialización”, explicó el profesional que, a su vez, comentó que las autoridades están lo suficientemente equipadas de bases de datos, y otras herramientas, para descubrir la verdad.

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