Magnicidio de Álvaro Gómez: la confesión que tiene en aprietos a Carlos Antonio Lozada en la JEP

El reconocimiento del magnicidio parecía ser el camino para resolver uno de los crímenes más famosos del conflicto armado colombiano durante la década de 1990, pero hasta el momento se han tendido nuevas dudas sobre los autores del hecho y las víctimas no confían en las palabras de quien dice haber dado la orden de cometerlo.

El pasado 3 de octubre de 2020, el partido Farc, ahora denominado Comunes, emitió un comunicado en el que reconoció que desde esa guerrilla se ejecutó el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado el 2 de noviembre de 1995. Posteriormente, Carlos Antonio Lozada afirmó que había sido él, como comandante de la Red Urbana Antonio Nariño, quien dio la orden de ejecutar el crimen.

Sin embargo, Lozada agregó en posteriores comparecencias ante la JEP que los autores materiales estaban muertos y, posiblemente, además de él, solo los comandantes del Bloque Oriental podrían recordar los hechos, para dar sustento a sus palabras, debido a que él informó a Jorge Briceño, alias ‘Mono Jojoy’, de la operación y este la autorizó.

Mencionó nueve nombres de comandantes del Bloque Oriental para 1995, de los que solo tres continúan vivos y son comparecientes: Mauricio Jaramillo, Alberto Martínez y Rafael Gutiérrez, otros mandos medios que posiblemente pudieron tener conocimiento de la acción.

Según reveló el diario El Espectador, Rafael Gutiérrez no estuvo conforme con la mención de Lozada porque se sintió vinculado al crimen y sostiene que fue hasta octubre de 2020 cuando conoció que a Gómez Hurtado lo asesinó las Farc, por lo que no puede dar testimonio de las palabras de su excompañero.

El senador de Comunes sostiene que tras ejecutar el magnicidio, hubo una reunión de comandantes en el Guaviare, en la que el Mono Jojoy dijo que las Farc habían cometido el crimen y, posteriormente, en una reunión en Llanos del Yarí habrían vuelto a referirse a los hechos, por lo que los que asistieron tendrían conocimiento.

El reclamo de Gutiérrez a Lozada fue personalmente en la sede del partido Comunes en diciembre del 2020 y los dos tuvieron una acalorada discusión que terminó con una denuncia penal. Ese diario reveló apartes de la conversación en los que el excomandante del frente 22 negó tener conocimiento de los hechos.

Reinel Guzmán, como es el nombre real de alias Rafael Gutiérrez, le dijo a Lozada que debió ser el Secretariado de la guerrilla el que tomó la decisión, pero como dirigencia del Bloque nunca conoció la información, por lo que no podría dar testimonio de lo mismo.

Lozada le dijo que solo había mencionado su nombre ante la JEP como comandante del Bloque Oriental y no como conocedor del magnicidio. Sin embargo, la molestia se mantuvo y la discusión terminó con una frase del ahora senador Gallo: “Yo también pagaría por ver en qué termina usted. El día que usted me entierre o yo lo entierre, ahí hablamos”.

Esa última frase de la conversación fue interpretada por Gutiérrez como una amenaza y así se lo hizo saber, tanto a su excompañero Lozada, como a la Fiscalía General de la Nación donde radicó una denuncia y ante la JEP a la cual solicitó medidas de protección.

Gutiérrez dijo en diálogo con la W Radio que ni durante la reunión ni en encuentros posteriores recuerda haber escuchado del comandante de Bloque, Mono Jojoy, la autoría del crimen y que si fue el Secretariado, la información no llegaba a los estados menores.

Sin embargo, el altercado no se quedó entre los dos excombatientes de las Farc, sino que llegó a la familia de Gómez Hurtado, quienes han desconfiado de la versión de Lozada. Ellos solicitaron a la JEP la exclusión del ahora senador por incumplimiento al, presuntamente, haber mentido sobre el magnicidio.

Enrique Gómez Martínez, sobrino del exsenador y exministro conservador asesinado, afirmó al diario El Tiempo que ninguno de los posibles testigos han corroborado la versión de Lozada, pues Jaramillo dice que no recuerda muchos hechos de los que es señalado y, ahora, Gutiérrez dice que no tuvo nunca conocimiento de la acción.

“Vamos a pedir que a él lo excluyan por fraude procesal porque cuando uno amenaza a un testigo incurre en ello”, afirmó a ese diario Gómez Martínez, basado en la denuncia ante la Fiscalía y la falta de testigos en la versión de Lozada. Además, aseguró que el caso lo debe llevar la Fiscalía y pedirá que no se abra un macro caso en la JEP de magnicidios.

El posible incumplimiento y la denuncia en la Fiscalía ponen en riesgo el sometimiento de Lozada a la JEP, pues podrían motivar una exclusión, pese a que el senador ha participado en todos los componentes y ofrecido testimonio sobre los hechos de los que tuvo conocimiento o participó durante el conflicto armado.

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