Gustavo Petro culpa a la “doctrina de Uribe” de la condena a Epa Colombia y la llama presa política

El candidato presidencial y senador Gustavo Petro volvió a referirse a la condena en contra de la empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, para cuestionar la posición del Gobierno nacional y la Fiscalía frente a los hechos de vandalismo que ocurren en medio de las protestas sociales.

En su nuevo pronunciamiento, que realizó a través de la red social Twitter, el líder de la Colombia Humana aseguró que la sentencia en contra de la influenciadora respondió a una “doctrina de Uribe” y acusó al fiscal Francisco Barbosa de agravar los delitos cometidos en la protesta social.

“Ha sido Epa Colombia condenada por un juez que decidió volver doctrina jurídica la ideología de Uribe”, escribió el senador Petro y agregó: “Ella y los muchachos presos hoy cometieron un delito: se llama asonada y no terrorismo. La asonada es delito político. Epa Colombia y 200 jóvenes más son eso, presos políticos”.

Daneidy Barrera Rojas se grabó a sí misma destruyendo partes de la estación Molinos del sistema Transmilenio con un martillo y el rostro cubierto, durante las manifestaciones de noviembre de 2019. Ella fue condenada en 2020 cuando debió pagar los daños con una multa de 25 salarios mínimos, tres años de prisión excarcelables y alejarse temporalmente de las redes sociales.

En ese momento, la jueza descartó que la influenciadora hubiera cometido el delito de “instigación a delinquir con fines terroristas” por cuanto no se sostenía que esa fuera su intención, en cambio sí lo era ganar seguidores en sus redes sociales. Sin embargo, la Fiscalía, el Ministerio Público y la Alcaldía de Bogotá como víctima apelaron la decisión y llegó a segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá.

Esa nueva instancia judicial decidió que, en cambio de ganar seguidores, Epa Colombia sí quería invitar a más personas a dañar los bienes públicos de la ciudad (instigación a delinquir) y generar zozobra en la población (terrorismo), delito de instigación a delinquir con el agravante de fines terroristas por el que finalmente fue condenada la empresaria de tratamientos para el cabello.

“De forma indeclinable, es nítido para la Corporación que, el asalto y ataque a la prenombrada estación es, cuando menos, un acto de incitación que, en el marco de alteración del orden público, contribuye decididamente a la continuidad de su turbación con asidero en que articula un comportamiento de perpetuación del temor generalizado que, mediante la utilización de elementos idóneos como martillos, no solo causó los daños determinados atrás sino que coetáneamente, con la difusión de los mensajes de aliento a delinquir, ciertamente, actualiza la permanencia de las condiciones de alteración del orden público, porque focaliza el llamamiento de ataque a bienes concretos, por contera, sus ruegos van dirigidos a la repetición del comportamiento, esto es, a la concreción de un ambiente que erosiona la tranquilidad de los asociados”, señaló el Tribunal.

En ese sentido, supuestamente, Epa Colombia llamó a más personas a repetir sus acciones de ataque a una estación de Transmilenio que, según el tribunal, generaron un estado de zozobra en la población de Bogotá durante las manifestaciones del paro nacional de ese entonces.

Así las cosas, Petro sostuvo: “Fiscal Barbosa instruyó a sus fiscales a transformar el delito de asonada que se cometió (Epa Colombia) bajo la protesta social en delito de terrorismo para impedir la excarcelación”. En el sentido que, durante el actual paro nacional, tanto el Gobierno como el fiscal han señalado al vandalismo de “terrorismo de baja intensidad” o urbano.

El senador y candidato presidencial de la Colombia Humana invitó a que “toda la abogacía democrática del país debe luchar por el reconocimiento de estos jóvenes como presos políticos”, tanto de Epa Colombia como de aquellos que han sido acusados de terrorismo por hechos de vandalismo.

Barbosa celebró la decisión del Tribunal. “Yo me alegro profundamente con esa sentencia porque la Fiscalía pidió la condena”, aseveró el fiscal para luego agregar que no permitirán que “sea absolutamente natural el destruir el mobiliario público del país”.

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