El proyecto de Ley que busca proteger a los periodistas del acoso judicial en Colombia

Este 15 de agosto, el senador Rodrigo Lara publicó en su cuenta de Twitter un video donde habla sobre el proyecto de ley que presentó hace un par de días y que pretender proteger a los periodistas y su oficio del acoso judicial.

“El periodista tiene el deber y el derecho de informar sobre los hechos de interés público, por eso, es una prioridad establecer una ley que detenga el acoso judicial y litigioso infundado y con fines de silenciamiento”, escribió Lara en su cuenta de Twitter.

El objetivo es introducir en el ordenamiento jurídico leyes Anti-SLAPP, un concepto internacional que pretende ayudar a los periodistas a que personas poderosas y organizaciones que aparezcan en investigaciones periodísticas, no se escuden en lo jurídico para proteger sus intereses.

De acuerdo con El Espectador, el proyecto pretende agregar al al artículo 79 del Código General del Proceso dos artículos que podrían las reglas para determinar si en un caso se actuó con “temeridad o mala fe” y además agregar el concepto de “acoso judicial”.

“El acoso judicial o litigioso es una forma de abuso del derecho a litigar especialmente encaminada a la intimidación de periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos, entre otros actores de la sociedad civil con capacidad de difusión e incidencia en la opinión pública, con la intención de silenciar temas de interés público para la ciudadanía”, se explica en el proyecto.

Sí el proyecto llega a aprobarse, los jueces colombianos podrán dictar sentencia anticipada cuando se constate un “acoso judicial”, que se tendrá penalizar con una multa de 30 salarios mínimos.

Según la fundación Juntos Fundación Libre-Socialdemócrata, liderada por Lara, el “acoso judicial” constituye la actividad litigiosa encaminada a censurar asuntos de interés público, sin contar con el debido respaldo probatorio o actuando de forma temeraria, empleando el sistema judicial con fines intimidatorios o silenciadores de expresiones.

“La persecución a periodistas, medios de comunicación o incluso usuarios de redes sociales por difundir información de interés público es un mecanismo. El acoso judicial busca limitar estructuralmente los alcances de la discusión pública, de cara a las necesidades de la comunidad”, dice la presentación del proyecto.

De acuerdo con la FLIP, los métodos más comunes para silenciar a los comunicadores mediante la utilización “de recursos legales en contra de periodistas o denunciantes que investigan e informan, en su mayoría, sobre corrupción e irregularidades en entidades del Estado”, tales como: demandas civiles; acusaciones criminales; procesos administrativos; acciones constitucionales como la tutela.

En Colombia han venido aumentando las acciones penales, civiles y de tutela, para que los periodistas y los líderes sociales se abstengan de denunciar graves escándalos ante la opinión pública. Entre el 2018 y el 2020, la FLIP registró 140 casos de acoso judicial contra periodistas en Colombia.

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley 600 de 2021C, con el cual se busca regular las responsabilidades del artículo 47 de la ley 1098 de 2006 para establecer y sancionar contenidos que podrían afectar a niños, niñas y adolescentes.

Varios congresistas, constitucionalistas expertos y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han alertado sobre la posibilidad para la censura gubernamental y la censura previa que podría promover la iniciativa como ha sido planteada.

a principal preocupación de quienes se oponen al proyecto es la creación de un Comité de Expertos que en su mayoría “está compuesto por funcionarios públicos que en últimas decidirán cuáles contenidos, incluyendo no solamente medios de comunicación, sino también en internet, podrían llegar a afectar la integridad física, psíquica de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes”, afirmó la representante Juanita Goebertus en la discusión del proyecto.

Esa comisión genera preocupación debido a que no es un catálogo que le permita a los medios de comunicación o generadores de contenido en internet conocer qué contenidos podrían afectar a esa población, sino que es un tercero quien lo interpreta y decide, en su mayoría gubernamental.

“Está en riesgo que el día de mañana, si hay contenidos que puedan hablar de educación sexual LGBTI, entonces un gobierno decida que eso atenta contra la integridad moral de nuestros niños; o si el día de mañana un gobierno decide qué contenidos en internet, que son de libre creación, que llame a la movilización podrían atentar contra la posibilidad de que los niños resulten afectados en una movilización entonces busque censurar esos contenidos”, ejemplificó Goebertus en la discusión.

SEGUIR LEYENDO