La polémica que se armó en Colombia por cuenta de la publicación en la plataforma del Consejo de Estado de los contratos suscritos entre el Gobierno y dos farmacéuticas para proveer al país de vacunas contra el covid-19, llegó al punto de que funcionarios dijeran que esa revelación de datos podría afectar el plan nacional de vacunación.
Uno de esos funcionarios, fue el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) Víctor Muñoz, quien rechazó la publicación de dichos acuerdos por parte del director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, y afirmó que dicho acto podría poner en riesgo al país, dados los acuerdos de confidencialidad.
“La Secretaría Jurídica de Presidencia y los abogados del equipo jurídico de gestión de riesgo se encuentran reunidos y esta noche tendremos sesión de trabajo con farmacéuticas porque tenemos que evaluar, de cara a una publicación, si se realizan los contratos que afecten el acuerdo de confidencialidad, cuáles puede ser los impactos de tener esto en términos de despacho o cualquier otra situación en el tema de vacunas”, señaló Muñoz.
Sin embargo, este sábado, Enciso publicó en su cuenta de Twitter dos cláusulas de los contratos en mención que establecen que la información que entra en el dominio público dejará de hacer parte del acuerdo de confidencialidad.
“Acá están las 2 cláusulas (Pfizer y AstraZeneca) que muestran que la información que entra en el dominio público por cuenta de partes distintas a quienes firmaron los contratos (en este caso el Consejo de Estado), se considera información exenta de cobertura de confidencialidad. Es falso que haya riesgo para plan de vacunación”, insistió el director del Instituto Anticorrupción
Una de esas cláusulas dice que el contrato de información confidencial no incluirá ninguna información materiales de los que la parte receptora pueda probar, como:
a. que ya es del dominio público o se vuelva del mismo por una conducta no indebida por la Parte Receptora, sus Filiales y/o sus representantes respectivos;
b. ya tenga en su posesión legal la Parte Receptora y/o Filiales sin obligaciones de confidencialidad o restricciones para un uso anterior a la primera vez en que la reciba de la Parte Emisora;
c. que la Parte Receptora y/o sus Filiales obtengan con posterioridad de una parte no relacionada sin ninguna obligación de confidencialidad, y que ese tercero no relacionado esté en posesión legal de dicha información o materiales y que no esté infringiendo ninguna obligación contractual o legal de preservar la confidencialidad de tal información.
En el otro contrato se plantea algo similar; que la “información exenta puede ser la información que la Parte Receptora o cualquiera de sus Representantes poseía legítimamente, y así demuestre con pruebas pertinentes antes de que la Parte Emisora o sus Filiales revelen dicha información en virtud del presente Acuerdo; o que al momento de la revelación ya estuviese disponible de forma general y en el dominio público o que llegare a ser pública (por motivo distinto al incumplimiento del presente Acuerdo por la Parte Receptora o cualquiera de sus Representantes)”.
Cabe recordar que los contratos se subieron a un dominio público el del Consejo de Estado que estudiaba una tutela precisamente que pedía revelar dichos documentos.
El alto tribunal informó que en cumplimiento de un fallo que niega la tutela presentada por la sociedad Janssen Cilag S. A., y que fue apoyada por las empresas Pfizer y AstraZeneca, “se decretó como prueba el envío de información relevante para la resolución del caso”. Dicho fallo fue cargado a la plataforma correspondiente al sistema de gestión judicial que, de inmediato, pudo ser consultado por los visitantes de este sitio.
Documentos que consultó el director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, decidió tomar pantallazos a los contratos y subirlos en la red social de Twitter donde se viralizaron.
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