Procuraduría de Colombia advierte rezagos en la implementación del Acuerdo de Paz

La Procuraduría General de la Nación advirtió rezagos en la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre la desmovilizada guerrilla de las FARC y el Estado Colombiano, especialmente en el Capítulo Étnico, el cual solo presenta avances del 19,6 % en su ejecución.

El Ministerio Público radicó ante el Congreso de la República el tercer Informe sobre la Implementación del Acuerdo Final, en cumplimiento al Acto Legislativo 1 de 2016, en el que emitió 322 recomendaciones al Gobierno nacional con el fin de avanzar en la ejecución de los puntos acordados en la Habana y en la consolidación de una paz estable y duradera en el país.

“A pesar de los esfuerzos gubernamentales faltan resultados transformadores en los puntos relacionados con Reforma Rural Integral, participación política, garantías de seguridad y en el Capítulo Étnico, entre otros”, señaló la Procuraduría en el documento.

Con relación a la Reforma Rural, la entidad evidenció que las regiones más afectadas por el conflicto armado presentan una precaria disponibilidad de tierra, razón por la cual no se estaría garantizando la democratización de su acceso, a la vez que confirmó que 15 municipios del país concentran el 71 % de las más de un millón de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras.

A su vez, solicitó que se aclaren los procesos y la fuentes para el cumplimiento de la meta establecida de tres millones de hectáreas para adjudicar y más de siete millones para formalizar, debido a que tan solo se ha avanzado en el 0,4 % de la adjudicación, y del 99,6 % de la formalización de las tierras por entregar.

“Los mayores rezagos en el cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo están en el Capítulo Étnico, 19.67% de los indicadores del Plan Marco de Implementación cuenta con ficha técnica en el Siipo, y las comunidades siguen padeciendo condiciones de injusticia y afectaciones por el impacto desproporcionado del conflicto armado interno y la violencia a mano de todos los actores”, señaló el informe.

A su vez, indicó que en cuanto a la participación política tan solo se ha avanzado en el 32 % de los compromisos, según el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (Siipo), debido a la ausencia reformas como proyectos de ley para garantizar y fomentar la participación de organizaciones, movimientos y protesta social, entre otros.

Con relación a la reincorporación, el Ministerio Público reconoció los avances en la compra de nueve predios para la construcción de siete Antiguos Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación (Aetcr), sin embargo, manifestó que los excombatientes no cuentan con rutas de acceso a tierras para realizar proyectos productivos y que estos espacios no hayan sido destinados proyectos de vivienda.

“Reiteró la necesidad de una acción oportuna del Estado para fortalecer la seguridad en los territorios, teniendo en cuenta que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó que, desde 2016 hasta junio de 2021, han sido víctimas de homicidio 500 líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, y según la Misión de Verificación de Naciones Unidas, a junio de 2021 se han registrado 278 homicidios contra personas en proceso de reincorporación”, señaló el documento.

A su vez, alertó que 3.600 familias fueron suspendidas y 10.248 excluidas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), sin establecer un procedimiento que defina las causas de suspensión y retiro de estos beneficiarios o programas para la realización de proyectos productivos.

De igual manera, reiteró el llamado a fortalecer los Consejos Territoriales Y Mesas de Reincorporación, así como de la conformación del Sistema Nacional de Reincorporación, por otra parte, llamó la atención sobre las medidas de reparación integral de las víctimas establecidas en el Acuerdo de Paz, debido a que solo han finalizado su proceso el 4 %.

“Para la Procuraduría, si bien las asignaciones presupuestales establecidas en el Presupuesto General de la Nación para el cumplimiento del Acuerdo aumentaron en un 18%, entre 2018 y 2020, se hace necesaria una estrategia para la asignación más eficiente de los recursos”, concluyó el documento.

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