Karen Abudinen, ministra TIC, descarta su renuncia y llama “vándalos” a contratistas de Centros Poblados

Karen Abudinen, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), lleva en el ‘ojo del huracán’ desde hace semanas por el embolate de los 70 mil millones de pesos que el Gobierno suscribió con una firma para proveer de internet a las zonas apartadas de Colombia; en las últimas horas rompió el silencio y aseguró que hará hasta lo imposible por recuperar esa plata.

Cabe mencionar que este viernes 13 de agosto, Abudinen decretó la caducidad del controvertido contrato con Unión Temporal Centros Poblados, la empresa con la que el gobierno de Iván Duque buscaba lograr la conexión a internet de cerca de siete mil colegios de veredas y zonas rurales de 15 departamentos del país.

En su Twitter, la jefa de MinTic publicó un video en el que anunció que, ante la preocupación de los colombianos por esa estrafalaria suma presuntamente perdida, ella se asegurará de cumplir “con el patrimonio público y el cumplimiento de la meta de conectividad”.

Además, reiteró que le pedirá a Centros Poblados que devuelva esa plata: “la UT Centros Poblados deberá pagar los $70 mil millones del anticipo recibido, más los $39 mil millones de la cláusula penal pecuniaria. ¡Colombia se respeta!”, sentenció Abudinen.

Sin embargo, no ha sido el único pronunciamiento que la funcionaria del gobierno Duque ha hecho; este sábado, en diálogo con la revista Semana, se conocieron las declaraciones en las que la ministra ratificó el deseo de “proteger los recursos del Estado” y en finiquitar el controvertido contrato con Centros Poblados.

Cuando la indagaron para saber si su cartera cometió errores en el contrato, Karen Abudinen le echó la culpa a la empresa por “no alertar” de lo que sucedería y, según ella, Centros Poblados “validó los documentos” y dio a entender que ya no había más por hacer.

Sobre los funcionarios de la Unión Temporal Centros Poblados, con quienes se realizó el contrato, la ministra los calificó como “vándalos” y aseguró a ese medio que los contratistas que le jugaron ‘sucio’ al Gobierno son “una red” que deberá ser investigada por la Fiscalía y las autoridades colombianas.

“Me tocó callarme dos semanas, porque podían recusarme para dilatar el proceso”, Abudinen en Semana, mientras que destacó que no renunciará a su cartera y dará soluciones a uno de los escándalos más controvertidos del 2021 en el poder ejecutivo en Colombia.

Cabe recordar que la decisión de liquidar el contrato con la firma, la delegada del MinTIC, Adriana Vivas Robles, recordó las acusaciones hechas en contra de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia, que habría presentado documentos falsos que daban cuenta de garantías bancarias emitidas por el Banco Itaú y que les permitieron hacerse tanto con el contrato, como con el anticipo de 70.000 millones de pesos.

La falsedad de las garantías fue confirmada por voceros de la entidad financiera, que ya habían declarado en días pasados que “ni Centros Poblados ni sus miembros fueron objeto de estudio de crédito para esta finalidad (la expedición de garantías bancarias) y, por lo tanto, no existe aprobación de cupo de crédito con exigencia de garantías reales o personales, para esta operación”.

Todo queda resumido en la confirmación de la resolución 1747 del 19 de julio, por medio de la cual se confirma la caducidad del Contrato de Aporte 1043 de 2020, suscrito entre el MinTIC y Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020. En la misma, además de dar por terminado el acuerdo, se toman otras decisiones en contra del contratista, como el hecho de que ninguno de los miembros del consorcio podrán seguir trabajando en los contratos que tengan con el Estado actualmente.

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