Alcalde de Valledupar tendrá que cumplir tres días de casa por cárcel por desacato a fallo de tutela

Mediante una providencia, el pasado 11 de agosto, el Juzgado Tercero Civil de Circuito de Valledupar resolvió sancionar al alcalde de la ciudad, Mello Castro González, con arresto domiciliario de tres días y una multa de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, por haber incumplido el fallo de tutela T-946 de 2011, en la que se ordenó el desalojo de la invasión, propiedad del mayor Alberto Pimienta Cotes, ubicada en el predio Sabana 1, en la capital del Cesar.

Dicha sanción fue emitida tras el incumplimiento al fallo de tutela T-946 de 2011, en la cual se ordenaba al mandatario adelantar las gestiones administrativas de reubicación de una población que se encuentra habitando en un sitio de invasión, pues el alcalde debía cumplir con las actividades de la instalación de contadores, energización, pruebas hidráulicas y estanqueidad del sistema de acueducto y alcantarillado del lugar al que debían ser trasladadas estas personas.

De acuerdo RCN Radio, esta población que se encuentra en el predio Sabana 1 de Valledupar debía ser reubicada a la urbanización El Porvenir, lugar que cuenta con espacio para 800 viviendas, pero hasta la fecha no se ha realizado dicho traslado de estas familias, quienes son desplazados por la violencia y madres cabezas de hogar con protección del estado.

Un aparte de dicho fallo del juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar indica que “habiendo sido entregadas las viviendas del Porvenir desde diciembre de 2020, según respuesta 720 viviendas con certificado de habitabilidad, realizado el censo de las personas víctimas de la violencia y el sorteo para la adjudicación de las viviendas, realizado el censo por parte de la Alcaldía de Valledupar de las personas que no cuentan con dicha condición en cumplimiento del numeral 6 de la sentencia de tutela, no se considera que exista justificación al no cumplimiento de la orden tutelar, pues aún no han comenzado las acciones de reubicación de los accionantes en la Urbanización el Porvenir a la fecha de esta providencia, desde la entrega de las viviendas (diciembre 2020) sin que sea posible iniciar el paso siguiente, cuál sería la notificación de desalojo, en tanto, las familias no sean reubicadas.”

Por su parte, el juez de este fallo explicó que no puede declararse el cumplimiento parcial de la orden tutelar en atención a la complejidad de la misma, pues destacó que no es posible escindir la orden de solución de vivienda para los desplazados, estando más que demostrado que a la fecha no ha cesado la vulneración de los derechos de esta población.

Por otra parte, el diario El Heraldo dio a conocer que para beneficio de esta población se habían entregado $2.000 millones para la construcción de albergues desde la Gobernación de Cesar, la cual también fue partícipe de la estructuración de un proyecto de inversión viabilizado, priorizado y aprobado por el OCAD Cesar por un valor de $21.811 millones, de los que entregó $10.000 millones al Municipio de Valledupar, en cumplimiento de la acción de tutela T-946 de 2011.

Razón por la cual el juzgado en su decisión indicó que la sanción no aplica para el Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco; al Director de la Unidad para la atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Albero Rodríguez Andrade y a la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad, Social Susana Correa Borrero.

Cabe recordar que por este mismo proceso ha sido también sancionado el exalcalde de Valledupar Augusto Ramírez Uhía.

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