Figueroa Reyes, quien ocupó distintos cargos en la entidad entre los años de 2006 a 2009, fue hallado responsable del delito de concusión por parte del Juzgado 43 Penal del Circuito de Bogotá, luego de que el tribunal estudió el material de prueba aportado por la Fiscalía General de la Nación.
El exdirector de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) se había acogido a un preacuerdo con el ente acusador para adelantar una investigación sobre su proceder como subdirector de bienes de dicha entidad en la que recibió dádivas en al menos siete oportunidades durante su paso por la DNE.
Con su proceder, Figueroa Reyes favoreció a terceros con la adjudicación irregular de bienes que estaban a disposición de la entidad: los beneficiados usufructuaron y disfrutaron propiedades por un periodo de cinco años.
En el curso de la investigación, el procesado aceptó su responsabilidad en los hechos así como entregó un bien y retornó USD 579 millones.
Al ser anunciado el fallo, Ómar Figueroa Reyes anunció que se comprometería a pagar otras sumas de dinero en efectivo.
En ese sentido, fue condenado a nueve años de prisión, y recibió una multa de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 80 meses de inhabilidad para cumplir funciones públicas.
Asimismo, le fue reconocida libertad condicional por el lapso de tres años.
De acuerdo con el juez que llevó el caso, el proceder de Figueroa Reyes fue inadecuado por la responsabilidad que asumió al administrar los bienes que, por producto del narcotráfico, la DNE confiscó: “Exigió dinero, valiéndose de su condición de subdirector de bienes y director general de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) a particulares interesados en tomar de arrendamiento a muebles incautados”.
Cabe señalar que Figueroa obtuvo la libertad condicional por haber cumplido tres partes de la pena.
El caso por el que se condenó al exfuncionario se remonta a 2010 cuando la Fiscalía General de la Nación dio cuenta de presuntas irregularidades en los contratos de arrendamiento de varios bienes incautados por la Dirección Nacional de Estupefacientes durante 2006 a 2010.
En específico, el ente acusador cotejó los cobro de cánones de arrendamiento para descubrir que la entidad estaba recibiendo cifras inferiores al valor real de los predios.
Además, la Fiscalía dio cuenta que algunos de estos predios fueron posteriormente vendidos por parte de terceros que tenían vinculación directa con el por aquel entonces director de la DNE.
El caso dio un giro cuando en 2017 Ómar Figueroa rozó la libertad al lograr que su defensa arguyera vencimiento de términos ante el juzgado 22 de Control de Garantías en Bogotá.
El tribunal le ordenó a la cárcel Picota en el sur de Bogotá tramitar de inmediato la boleta de libertad de Figueroa quien debía comparecer por los delitos de prevaricato por acción, concusión, peculado, fraude procesal, falsedad ideológica y concierto para delinquir.
La Fiscalía sentó su voz de protesta asegurando que la orden de libertad del exfuncionario no debía haberse dado ya que hasta ese momento se había cumplido con todos los requisitos del proceso.
Además, el ente investigador recalcó que tanto Ómar Figueroa como su padre, presuntamente recibieron dinero a cambio de otorgar predios administrados por la DNE en diferentes lugares del país.
Figueroa fue puesto nuevamente a disposición de las autoridades en 2017. Después de este episodio, su defensa aceleró un acuerdo con la Fiscalía para alcanzar los resultados que se determinaron en las últimas horas con la sentencia a nueve años de cárcel por el delito de concusión.
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